Comunicado de Pirates de l’H sobre la sentencia del PDU de la Gran Vía

Imagen propiedad de Canviem l’H

 

El pasado 13 de noviembre nos llegó una muy buena noticia, que el recurso presentado por nuestra antigua coalición de ICV, EUiA y Pirates de Catalunya, de la cual En Comú Podem L’H es el heredero, al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, había prosperado; y no parcialmente o con algunos puntos por discutir, sino totalmente. Es decir, que habíamos conseguido demostrar que el mal llamado Departament de Territori y Sostenibilitat de la Generalitat, el Ayuntamiento de nuestra ciudad y el Consorci per la Reforma de la Gran Vía en l’Hospitalet de Llobregat y Focio, S.L. no solo no tenían razón sino que pretendían cargarse el 8% del territorio de la ciudad de un golpe y con impunidad, en una operación especulativa sin precedentes en nuestro país, que hubiera comportado la degradación económica y medioambiental de nuestra ciudad, sin ninguna posibilidad de recuperación. Es decir, que tanto el Govern de la Generalitat como el Ayuntamiento habían decidido hipotecar el futuro de l’Hospitalet sin tener en cuenta la sostenibilidad, el medio ambiente y el futuro de su gente, para beneficiar a grupos económicos.

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A pesar del atentado que representaba contra la naturaleza, los abogados del anterior Grupo Municipal nos alertaron sobre la inutilidad que representaba dirigir el esfuerzo por esta vía. El TSJC no tiene nada que ver con esto y lo desestimaría. Tampoco prosperaron nuestros intentos para que los otros dos grupos municipales, que también estaban contra del PDU, se añadieran para concentrar el esfuerzo. Pese explicarles nuestros temores, escogieron la otra vía, que a nosotros nos parecía inútil, o que en caso de prosperar solo afectaría una parte del proyecto, que es lo que pretendía uno de ellos, según nos dijo. El tiempo dirá si estábamos equivocados. En cualquier caso las cosas se han hecho con la mejor de las intenciones, se supone que por parte de todos.

El recurso supuso un considerable esfuerzo económico, que recayó en el sobrante del sueldo de nuestra cabeza de lista, a expensas de proyectos humanitarios que se tuvieron que abandonar. Y esta pena nadie nunca nos la sacará.

A todo esto queremos recordar que los piratas entramos en política, principalmente la municipal, para dignificarla, no por ensuciarla con rifirrafes, personalismos o pretensiones de protagonismo. Por eso no podemos aceptar ni entender que unos grupos, afortunadamente no todos, que se autodenominan apolíticos, sociales y de base, se dediquen a ningunear el esfuerzo de los demás y se arroguen su parte de éxito. También que para conseguir este objetivo, todos hemos puesto nuestro grano de arena. Nos hemos estado animando y empujando, cada cual dentro de sus posibilidades. Este éxito es de todos, no solo de unos pocos.

Tenemos que ser conscientes que no todo acaba aquí, que a partir de ahora tendremos que luchar, primero para combatir la reacción de la parte demandada, y segundo para que Cal Trabal se convierta en un pequeño paraíso natural, un parque donde nuestras escuelas puedan disfrutar de una referencia de cómo es la naturaleza de nuestro entorno. Y lo tenemos que hacer entre todos de la manera más inteligente y coordinada posible, y sobre todo sin mirar atrás. Será difícil, mucho teniendo en cuenta que el equipo de gobierno de nuestra ciudad tiene una gran carencia de empatía hacia el medio ambiente y confunde el negro del asfalto con el verde de la naturaleza.

 

Nuestro próximo desafío económico

Antes de nada aclarar que este artículo empezó a escribirse a primeros de abril y con absoluta independencia y sin presión alguna, tanto política como ideológica, de foros o grupos de especializados en economía, cuando se conoció la caída del 5,2% del PIB español en el primer trimestre, que no debe extrañarnos por las circunstancias, igual que el 4,2 de Alemania, el 5,8 de Francia y el 5 de Italia, y las previsiones de caída en un futuro próximo. No sabríamos explicar esas diferencias, principalmente la francesa, mayores por cierto de lo que cabría esperar. Seguramente ya habrá quien las esté analizando. En el caso español fueron aproximadamente 19 días de paralización económica, en el resto suponemos que algo parecido, más leve en el caso alemán e italiano, ya que su confinamiento y la subsiguiente paralización económica no se han hecho con la misma intensidad.

Dejemos de lado la caída del PIB, ya que como ustedes saben o al menos los que han seguido nuestros artículos, creemos que el PIB debería ser abandonado como referente de crecimiento o de la riqueza de una sociedad. No podemos valorar el nivel de riqueza de una sociedad a partir del precio del suelo, de la vivienda o de los carburantes. Evidentemente tampoco si esta sociedad ha construido decenas de aeropuertos o miles de kilómetros de ferrocarril de alta velocidad, si no hay aviones que aterricen en los primeros o pasajeros que viajen en los segundos. Tampoco es muy lógico que el PIB suba gracias a que el ayuntamiento de nuestra ciudad se dedique a talar árboles o cambiarlos por otros que parecen de juguete, o decida sorpresivamente gastar dinero en arreglar unas calles, que solo ha servido para dificultar el comercio. Eso último, que a usted tanto le perjudica, hace que aumente el PIB del país. Y si mañana su casero le dice que no va a renovarle el contrato porque con Airbnb le van a pagar 2.500 € al mes en cambio de los 900 que le paga usted, o nuestro ayuntamiento acepta que lo desahucien para construir un bloque de apartamentos para turistas en el barrio de Collblanc, pues también aumenta ese curioso indice de “crecimiento económico”. Exacto, el aumento del PIB tanto puede significar que usted vive mejor, igual que antes o mucho peor.

La situación en que nos encontramos es nueva, carecemos de referencias a no ser que lo comparemos con una guerra, y obviamente no lo es. Pero la similitud, aun pudiendo ser acertada, no es comparable, ya que para salir de una crisis provocada por una guerra se echa mano del ganador, y en este caso no lo hay. Todas las economías quedarán afectadas, unas directamente y más, mientras que otras quizá menos pero les afectará el reajuste de las primeras.
En principio todo parece indicar que las economías más afectadas serán las más desarrolladas, seguramente porque el parón económico puede ser más intenso por la caída de producción de bienes de consumo, mientras que la economía de las menos desarrolladas es más de supervivencia. En Asia la pandemia ha afectado gravemente la economía, pero al ser mejor su respuesta contra ella no ha causado tanto daño.

El virus se ha mostrado bastante letal en personas con un tipo de enfermedades previas y/o mayores de 70 años, eso conlleva que en sociedades con un bajo nivel sanitario y de esperanza de vida, los efectos hayan sido o serán más leves, principalmente porque es y será más difícil encontrar individuos proclives a ser afectados gravemente por la COVID-19.

Si tomáramos la actual caída del PIB como referencia, nos podemos hacer una idea de la dimensión del problema, un 5,2% de caída trimestral por aproximadamente 19 días de confinamiento nos da una idea de la caída que puede provocar un mes de confinamiento, otro a medias y otro al 30%. Predecir una cifra no es realista porque nadie sabe lo que va a suceder. Podríamos pensar que este año podría terminar con una recesión de entre el 8 y el 10%, el 9,2 según la ministra Calviño; sin embargo, no sabemos cómo reaccionará el consumo, carecemos de los datos imprescindibles para ello; tampoco si habrá o no un rebrote, y si este será más o menos virulento; si la inmunización se mantendrá para las nuevas cepas, a quien atacará, si a los más jóvenes, a los de mediana edad o volverá a cebarse en los mayores de 70. No sabemos si la vacuna llegará a tiempo ni si tendrá efectividad frente posibles mutaciones, tampoco si la medicina, algo muy previsible, dará a corto plazo con un remedio eficaz. Pero lo que nadie puede tener en cuenta es la reacción de las distintas sociedades, si habrá una nueva irrupción de regímenes fascistas en potencias con armamento nuclear, y si esos buscarán culpables externos, que es lo que suele suceder cuando sus recetas económicas fracasan, estallando una nueva conflagración global.

Al contrario de lo que se dice y para desgracia de los países nórdicos que han demonizado al sur más afectado, a la UE no le queda otra que organizar una política de ayudas fuertemente expansiva. Y también al contrario de lo que suele, el gobierno español ha actuado contundentemente y con relativa diligencia y eficacia para amortiguar los primeros embates de la crisis. Algunas empresas podrán disponer de liquidez, no regalada ni suficiente, para soportar el golpe. Y para los trabajadores, aunque también ajustadamente y sin demasiado control, el Estado ha dispuesto una serie de medidas para que puedan seguir cumpliendo con los pagos y cubran las necesidades más importantes. Eso no significa que buena parte de las empresas no cumplan los requisitos para acceder a las ayudas y créditos, aunque los necesiten tanto o más que los equipos de fútbol y las multinacionales amigas del sistema. Además cada sociedad tendrá que adecuar las políticas de recuperación a sus necesidades y características, porque el dinero de la UE, además de ser insuficiente llegará con unos condicionantes que dejarán de lado a una parte de la sociedad.

No es lo mismo aumentar la deuda a partir del actual 95%, como España, que del 135% de Italia; como tampoco Francia que España, aunque el porcentaje sea muy similar. Para cubrir su deuda España necesita financiación externa, mientras que Francia puede autofinanciarse. Y esa diferencia, que no debería afectar en un espacio político y económico común como es Europa, tiene una importancia capital que se traduce en la necesidad o no de mendigar en sociedades hartas de pagar fiestas ajenas o políticas fiscales más del tercer mundo que europeas.

La industria del automóvil es una de las más importantes y exportadoras de España, pero hace ya mucho que necesitaba una reconversión en profundidad para producir baterías y automóviles eléctricos. Las empresas del sector no son oriundas sino productoras de otras marcas europeas. No es el caso de Italia o Francia, que no necesitan de terceros para invertir en sus propias industrias para reconvertirlas. Pero lo más importante y que nadie tiene en cuenta es que de nada sirven esas industrias sin clientes que quieran sus productos, y la crisis provocada por la COVID-19 ha hecho que la gente no sienta ahora mismo la necesidad de comprar automóviles, y no sabemos cuando despertará su apetencia. La industria de automoción española no solo está dedicada al ensamblaje, que es lo que las fábricas españolas de las grandes marcas hacen, sino en la fabricación de componentes. Por ejemplo, al comprar un Porche usted está comprando un vehículo alemán, seguramente el mejor con todo lo que eso representa. Pero si usted lo desmenuza se llevaría una sorpresa, ya que muchísimos de sus componentes, más de los que puede imaginar, están fabricados en España.
Afortunadamente en España la industria y la producción de bienes está muy diversificada. Sorprendería a nuestros lectores conocer la cantidad de productos que España produce y vende al extranjero, pero también la dependencia tecnológica y de patentes de nuestros productores, así como el poco valor añadido de sus productos. Plásticos, productos químicos, petroquímicos y farmacéuticos, industria secundaria del automóvil, productos textiles, agrícolas y cárnicos, herramientas y maquinaria industrial, material eléctrico y de construcción, automóvil.

Salvo excepciones, cada vez más abundantes hemos de reconocer, los productos españoles no precisan de mucha tecnología y trabajadores de elevado nivel. Otra industria, la que más entrada de divisas aporta, es el turismo. De hecho el turismo aporta el 14,6% del PIB español, y de este, excepto del interno, poco a poco nos tendremos que ir olvidando. La construcción es la segunda industria en importancia, pero no olvidemos que para el PIB, y sin el resto, es decir con la caída del consumo y de recursos de nuestros socios comerciales, podemos imaginar que las exportaciones caerán de manera significativa.

Del turismo se nutren muchas otras empresas, desde el comercio más básico hasta la industria del mantenimiento industrial más complejo, pasando por el de servicios. Cada visitante aporta miles de euros, no solo a cambio de un hospedaje ajeno o segunda vivienda sino también en alimentación, farmacia, mantenimiento, transporte, ocio, etc. Nadie puede imaginar el capital que entra en el país a través de esos visitantes y los millones de horas de mano de obra y de material que mueven.
Obviamente lo que esa pandemia más ha afectado es el movimiento de las personas, y si hasta el más imprescindible ha sido limitado, no digamos el turismo.

España tiene un gran desafío, retomar la actividad económica pero con la mirada puesta en cambiar su modelo productivo. Ya no puede depender de la industria del automóvil, de los plásticos y la petroquímica y del turismo.

  • La motorización de la industria del automóvil y del transporte en general, va a cambiar radicalmente, el motor eléctrico y todos sus componentes son mucho más sencillos y necesitan muchísimas menos horas de mano de obra. Incluso el servicio de mecánica pos-venta es inferior. Además las fábricas españolas dependen de la decisión de sus matrices europeas y japonesas, que son reacias a entregar las patentes y la tecnología necesaria.
    A partir de ahora las grandes corporaciones automovilísticas dependerán del soporte económico de sus gobiernos. E indudablemente los distintos estados solo invertirán en proyectos de sus países. Es impensable que franceses, japoneses y alemanes subvencionen la producción y desarrollo tecnológico de sus delegaciones o fábricas en el extranjero.
    Como otras tantas, la industria del automóvil podría trasladarse a países emergentes, y no necesariamente asiáticos sino del norte de África o Iberoamérica. Los costes de mano de obra y la elevada especialización conseguida en estos países lo indica así.
  • Con la inevitable irrupción del Green Deal, la industria de la petroquímica y de sus derivados tiene los días contados. No así la industria necesaria para reciclar y reaprovechar la ingente cantidad de residuos que generamos o que el planeta ha almacenado. Esta industria tendrá que ir desapareciendo o transformarse en una muy distinta, más acorde a las necesidades, como es la del reciclado.
    El parón económico, pese ser muy importante, solo ha provocado una caída de aproximadamente el 30% en el consumo de los combustibles fósiles. Indudablemente es mucho, pero no refleja lo que se aprecia, que guste o no también es una realidad.
  • Los primeros años el turismo de larga distancia decrecerá. A causa de las restricciones por la Covid y la desconfianza hacia los países turísticos más afectados por la pandemia, como España o Italia, el ciudadano europeo descubrirá lugares de veraneo en sus propios países y una parte se acostumbrará a ellos. A eso hay que añadir el descontrol, caos y desconcierto informativo por parte del gobierno español, que ha provocado una enorme desconfianza entre las agencias de viajes extranjeras.
    Las nuevas tecnologías en el plano de la energía cambiarán por completo la industria de la movilidad. Con el tiempo los aviones o los artefactos que los suplan abandonarán las actuales fuentes de energía, al menos las de origen fósil, y el precio del transporte bajará. Es indudable que las energías del futuro serán más baratas, ya que no necesitarán ser extraídas, refinadas, transportadas y almacenadas para ser consumidas por motores complejos. La Covid está acelerando un nuevo sistema de trabajo más ágil y elástico, por lo cual la gente ya no tendrá la necesidad de hacer vacaciones durante unos meses concretos.
    Los países con una temperatura constante podrán rentabilizar más y mejor sus infraestructuras turísticas, ya que gozan de clima estable y benigno la mayor parte del año. No así las que mantienen incómodas diferencias de temperatura. Una empresa de alquiler de veleros, de buceo o un hotel en la playa, deben mantener las mismas infraestructuras sin importar los meses en activo. Igual que el gobierno local ha de crear instalaciones e infraestructuras y mantenerlas, aunque solo sea para tres meses. Paralelamente el turismo de temporada crea fragilidad laboral y paro temporal difícil de absorber y de gestionar.
  • El cambio de orden mundial es inevitable. En la segunda mitad del pasado siglo, los EEUU podían resolver, con solo unos ajustes en su moneda o en la emisión de deuda, una crisis mundial, eran el indiscutible motor económico. Actualmente solo pueden aspirar a intentar resolver sus problemas domésticos, a veces con la cooperación de otros estados.
    El actual enfrentamiento de los EEUU con China, podría comprometer gravemente la recuperación de la economía global. Es imprescindible evitar la vuelta a un mundo dividido en dos bloques económicos, que es lo que el imperio norteamericano pretende con su política, el estás conmigo o contra mí, y el imperio europeo tiene la llave, junto a India y Rusia, de romper esa mala costumbre. Hemos de entender que el nuevo imperio chino se rige por otro sistema económico, su sistema empresarial y productivo depende del Estado, por lo cual los mercados financieros y las empresas intermediarias han de adaptarse a él y buscar mecanismos de mediación para que el intercambio tecnológico y de bienes sea fluido.
    No cabe la posibilidad, tal como pretende Occidente, que China se rija por un sistema ultraliberal.
  • Las nuevas monedas de comercio internacional serán virtuales, internacionales (su virtualidad obliga) y transparentes. Será imposible evitar la preponderancia de una de ellas, tampoco se podrá evitar que la emita o cree uno de los imperios económicos, pero su efectividad dependerá de si es transparente y si el resto la puede controlar.A nuestro modo de ver es imprescindible que cada imperio económico emita o cree la suya, primero para que el intercambio financiero y de bienes en su zona de influencia fluya con facilidad. Segundo para evitar en lo posible la preponderancia de las demás y mantener una libre competencia monetaria.
    El gobierno español debería tomar nota de todos esos efectos, y entender que la mal llamada Unión Europea no es más que el antiguo Mercado Común, es decir una asociación de mercaderes. De no ser así, las ayudas a las distintas industrias, compañías aéreas, etc. se distribuirían directamente desde un gobierno europeo, dejando de lado la nacionalidad de sus matrices. Una fábrica de automóviles francesa, con gran parte de su producción repartida por Europa, para el gobierno europeo no debería ser francesa sino europea. A falta de un gobierno europeo, el Estado español ha de promover la creación de su propia industria automovilística, para sacar provecho de la infraestructura industrial, la logística y las capacidades profesionales. Y eso ha de extrapolarse al resto de capacidades industriales, en las que las patentes o matrices son extranjeras.

El Estado español ha de esforzarse en desarrollar y mantener nodos de tecnología para que a su alrededor pueda crecer una nueva industria verde, competitiva y de elevada plusvalía. El abandono de la fábrica y su actividad productiva por parte de Nissan, por poner un ejemplo, no debe verse como una desgracia sino una oportunidad de dar soporte económico y de proyección, para crear una cooperativa entre los trabajadores, con la condición que esos conviertan la fábrica en un centro de tecnología para crear un nuevo vehículo de transporte, sea con el soporte de una marca externa o sin él. El estado español podría garantizar la absorción de dichos vehículos, legislando adecuadamente para convertirlos en una herramienta al servicio de las distintas ciudades. Nuestra ciudad podría facilitar a través de ayudas o medidas legales y urbanísticas, la creación de pequeñas industrias de proximidad que den soporte tecnológico e industrial a la nueva planta industrial y tecnológica salida de la vieja Nissan.

La situación actual del comercio exterior del Reino de España se puede encontrar en: https://www.mincotur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Paginas/Estadisticas.aspx

Este gráfico muestra el destino de las exportaciones españolas durante 1918, que es el más reciente que hemos encontrado, para que ustedes se hagan una idea de la situación.

Extraído de Datosmacro.com

El siguiente gráfico muestra uno de los problemas recurrentes de la economía española, quizá de modo exagerado por el tipo de producto, pero que lo define muy bien.

Desglose de las exportaciones españolas por sectores entre los meses de enero a mayo del 2018.
Origen: S.G. de Estudios y Evaluación de Instrumentos de Política Comercial de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a partir de datos del Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Tributaria.

Extraído de: http://www.gestoresderiesgo.com

Comunicado sobre la detención de dos concejales de la ciudad


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rente la situación generada por el posible desvío de recursos públicos por parte de dos regidores y de su detención, la denuncia del teniente de alcalde sobre la inacción de la alcaldesa, debidamente informada según él de todo lo que pasaba, y su posterior renuncia, además de la sospecha y rumores que corren por la ciudad sobre el reparto de subvenciones en todos los ámbitos y el cobro de comisiones, que aunque no tengamos constancia de ello, demuestran una gran carencia de transparencia, el desorden en el gobierno de la ciudad y una fuerte desconfianza que se refleja en el ambiente y las constantes conversaciones que se pueden escuchar por toda la ciudad. Piratas de l’Hospitalet pide una auditoría independiente y controlada por el resto de los grupos municipales, de las cuentas del Ayuntamiento de l’Hospitalet; y el seguimiento de todas las subvenciones repartidas durante las dos últimas legislaturas, aparte de la actual.

Comunicado de Pirates de l’H sobre el Tranvía de la Diagonal

Son muchas las entidades de la ciudad que han pedido la interconexión del tranvía, entre ellas los sindicatos, las universidades y las asociaciones de vecinos y de comerciantes. Su construcción equivaldría a remodelar la Diagonal, convirtiéndola en una gran avenida moderna que daría mucho más valor al paseo y a la calidad de vida de los ciudadanos. La construcción de los 3,8 km que faltan para completar el recorrido, ahorraría muchas toneladas de CO2 anuales al aire de la ciudad, se calcula que un tranvía equivale a 400 coches o entre 3 y 4 autobuses, con un consumo muy inferior.

Por todo esto los Piratas del Hospitalet hacemos un llamamiento a todas las partes implicadas para que vuelvan a la sensatez y se pueda empezar su construcción. Los piratas no podemos entender que diferencias entre los diversos partidos impidan la consecución de una tarea tan importante, que implica el bienestar, no sólo de los barceloneses sino de los ciudadanos de buena parte del área Metropolitana de Barcelona.

No podemos olvidar que la ciudadanía es la usuaria de un servicio público, que en principio no puede dar valor a si la inversión o su gestión es pública o privada. Para la ciudadanía esto no tiene tanta importancia, los usuarios pagarán el mismo billete, al mismo precio y con la misma tarjeta, sea de un viaje, la T10 u otras. El usuario metropolitano ya está acostumbrado a utilizar la misma tarjeta en diferentes líneas de autobús, sean privadas o públicas. Para la ciudadanía es mucho más importante que el aire de su ciudad se mantenga limpio, que pueda circular en bicicleta o patinete con la máxima tranquilidad. El ciudadano quiere que sus representantes le faciliten un medio de transporte limpio, seguro y cómodo, y que lo lleve por toda la ciudad.

De todos es conocido que los Piratas creemos que los servicios públicos, sea el transporte, el agua, la luz o cualquier otro que pueda considerarse de vital necesidad, y el transporte público lo es, tienen que ser de titularidad pública, por lo cual defendemos que, en la medida de lo posible, el transporte público de la ciudad se municipalice o, en caso de no poder, no se renueven las concesiones.
Dicho esto consideramos que en este caso las partes tienen que sentarse para encontrar la mejor solución, buscando una formula que satisfaga a todas las sensibilidades, sin olvidar que se deben al beneficiario final, que es el ciudadano, sin importar a quien ha votado o su inquietud política.

Los piratas queremos recordar que el gobierno es de todos y para todos.

Brecha salarial y Techo de Cristal – 1ª parte

Fuente: KAOSENLARED

No son pocos los conocidos y amigos, que con motivo de las manifestaciones y de la huelga feminista confiesan no entender la queja, puesto que según ellos no existe, en ninguna empresa que conocen, agravio salarial. Según ellos las mujeres disfrutan, por el mismo puesto y carga laboral, el mismo salario que el hombre.
Por supuesto, nuestros amigos no se habrán preocupado demasiado por averiguar la verdad, deben haberse circunscrito a algunas empresas que pagan el salario más bajo permitido, de modo que en este caso es relativamente fácil no encontrar diferencia, excepto en algunos detalles difíciles de explicar si no es por prejuicios claramente machistas.
Obviamente una empresa no puede hacer diferenciación salarial entre hombre y mujer, principalmente si es por el mismo puesto de trabajo, a nosotros nos costaría bastante encontrar una empresa así; no obstante, nos llega información de algunas empresas que sí hacen distinción. Este tipo de empresa no tiene por qué ser familiar o pequeña, tal como sucede en el medio rural, donde encontramos el mayor desnivel de salarios; lo podemos encontrar en las grandes empresas, algunas de ellas muy conocidas en el ámbito de la gran superficie y en la misma administración pública. Este modelo de empresa valora más el trabajo masculino que el femenino, sin que nadie nos haya podido dar una explicación razonable del por qué, ni siquiera algunos de sus directivos contactados por representantes de nuestro partido.
Muchos estudiosos y las empresas en algún caso, excusan la diferencia salarial con las horas de trabajo. Según ellos la mujer, posiblemente por sus necesidades familiares, no puede trabajar tantas horas como el hombre, por lo cual se resiente el global de su salario. Estas tareas del hogar son los llamados Cuidados, uno de los pilares de la huelga general feminista del pasado 8 de marzo. Los Cuidados engloban las tareas de limpieza del hogar, cocina, cuidado y atención de menores y mayores a cargo. Los Cuidados, fundamentales para el sostenimiento de la sociedad, no son considerados trabajo y no están remunerados, por lo tanto se estigmatizan como de poca importancia y no se les tiene en cuenta. La filósofa italiana Silvia Federici explica en su libro «Revolución en Punto Cero» la apropiación del trabajo doméstico y reproductivo, absolutamente necesario para desarrollar el productivo.
En relación a este tema FEDEA ha desarrollado un excelente trabajo que muestra las diferencias salariales entre hombre y mujer por hora trabajada y en puestos de similar o igual responsabilidad, en cada uno de los estratos profesionales y de edad. Este trabajo es muy completo y además está coordinado con otros similares realizados en el resto de países de la Unión Europea.

Lo cierto es que según el último análisis de Geshta (Sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda), mucho más generalista y con datos del mismo ministerio, las mujeres asalariadas del Estado español cobran de promedio el 29,1% menos que los hombres, bastante menos si en este cálculo descontamos las que por su profesión especializada cobran igual, siendo sus datos utilizados para valorar el coeficiente.
La brecha es menor en el caso de los trabajadores más jóvenes, aunque en este caso son más ellas que los hombres con un salario inferior a los mil euros. En todos los trabajos realizados sobre este tema apreciamos que la brecha se acentúa a medida que aumenta el salario. Este fenómeno puede apreciarse muy bien en España, es decir, que en las comunidades con mejores salarios la diferencia se acentúa; así como en los países con un salario más elevado la brecha aumenta significativamente, pero con variaciones producto de su idiosincrasia cultural, legislativa o de reparto de riqueza.

Existen numerosos estudios y opiniones sobre el por qué de esta gran diferencia. Para nosotros y desde una visión objetiva y exclusivamente socio económica, esa diferencia radica no solo en los prejuicios de la misma sociedad, incrustados desde hace innumerables siglos, sino también en la maternidad, no como impedimento para desarrollarse profesionalmente sino por la gran competitividad que últimamente nos hemos impuesto como sociedad laboral. Santiago Niño-Becerra comenta en su blog, que el Techo de Cristal que la mujer debe romper es la dependencia de la maternidad; sin embargo, nos preguntamos de quién es en realidad este Techo de Cristal, si de la sociedad en su totalidad o solo de la mujer.

El problema es el modelo de trabajo. No albergamos ninguna duda que la mujer está igual de capacitada que el hombre, no existe ningún dato que diga que las jóvenes salen de la ESO, del bachillerato o de la Universidad, menos preparadas; en cualquier caso y según los datos del ministerio, lo están más que los hombres, sin embargo, los puestos que se les ofrece son de más bajo nivel.

Una gran multinacional contrata a sus directivos no solo en relación a su preparación sino también a su disponibilidad. Un directivo que cobra doscientos mil o medio millón de euros carece de horario, tanto puede estar sentado en su mesa, analizando los últimos datos llegados de sus fábricas, como a las pocas horas coger un avión hacia Karachi sin conocer el día de vuelta. El director comercial de una gran empresa nunca está seguro de la hora que llegará a su casa, ni siquiera si dormirá en ella. Y tampoco se trata de excusar la brecha tras qué priorizamos, si la relación y el bienestar familiar, u otro modelo de bienestar social que ni es necesario ni tiene una razonable explicación económica. Actualmente con las nuevas tecnologías de la comunicación y un sistema más colaborativo en el trabajo, vivir pendiente de un avión ya no es necesario. La crianza de los hijos o, de no tenerlos, la simple relación afectiva con los más próximos, es tan necesaria para la mujer como para el hombre.

Si bien la brecha salarial comienza en los primeros contratos, va aumentando con el paso del tiempo acentuándose a partir de los 26 años, precisamente cuando la mujer suele empezar a quedarse embarazada. El hecho que ya en los primeros contratos exista una diferencia, puede deberse a un reflejo condicionado por el futuro.
En el trabajo de FEDEA podemos apreciar cómo, durante los años de crisis la brecha salarial se redujo, sin embargo, en el actual trabajo desarrollado por Geshta se aprecia una sensible subida en el 2016, seguramente producto por el aumento de los contratos a tiempo completo. Entendemos pues, que la brecha se redujo en esos años de crisis por los despidos masivos de trabajadores a tiempo completo y el aumento de los contratos a tiempo parcial. La mujer no solo es más proclive a adoptar por sus condicionantes sociales y familiares el contrato parcial, sino también tiene mayor dificultad en encontrar un trabajo a tiempo completo, debiendo demostrar, para conseguirlo, mayores aptitudes y libertad horaria que el hombre.

Apreciamos también una relación muy directa del desequilibrio salarial entre hombre y mujer con la demografía.
A principios de los ochenta la brecha salarial era muy grande, cuando solo el 35% de las mujeres trabajaba; pero a medida que la mujer ha ido entrando de manera masiva en el mercado de trabajo, la presión social por equiparar los salarios y el reparto del cuidado de los niños, ha hecho que vaya disminuyendo a la par con el descenso de nacimientos. En esos últimos años la natalidad se ha estabilizado en cifras muy reducidas, coincidiendo también con una disminución del 0,4% en la brecha. El pequeño repunte de esta en una décima del pasado año, coincidiendo con la cifra más baja de la natalidad de todos los tiempos, podría ser debido a un pequeño aumento de los contratos a tiempo completo, en detrimento a los de tiempo parcial.
No podemos obviar en este estudio, que el salario más frecuente en España según el INE  es de 16.500€ de media, unos 17.500€ para los hombres y 14.500 para las mujeres, no ha experimentado ningún aumento en los últimos diez años. Este desgraciado fenómeno de congelamiento del salario, al menos debería haber servido para equiparar los salarios, sin embargo, no ha sido así, por lo cual entendemos que el problema es sistémico.
La solución exige democratizar de manera absoluta la economía desde su misma raíz, es decir el hogar y la familia, para llegar al mismo sistema basado en la acumulación de la riqueza y cambiarlo.

 

Una alternativa Pirata al contrato único

En el 2011, el Nobel de Economía Christopher Antoniou Pissarides,en una entrevista en El País defendía los mismos postulados que el Manifiesto de los 100 economistas, confeccionado un año antes y en plena recesión económica (por cierto, que algunos de los más insignes firmantes ya casi daban por concluida), que intentaba dar una alternativa, pecando de inocencia a nuestro modo de ver, al disparate de la multiplicidad de modelos de contrato laboral existente en nuestro país y a la temporalidad.
La alternativa hemos de reconocer que es bastante atractiva, incluso podría ser positiva de no estar hablando de España, con su clase política, empresarial y judicial. No podemos negar la gran experiencia del señor Pissarides, sin embargo, lo que tampoco podemos negar es el gran desprecio que muestra hacia el trabajador, al que prácticamente culpabiliza por no encontrar trabajo, dando como solución el abaratamiento del mismo y poner a disposición del trabajador información de dónde encontrar trabajo. Por supuesto, la misma emigración de trabajadores que provocó la crisis ya nos muestra lo equivocado que está o el interés bastardo de su afirmación, cuando el parado es capaz de abandonar su tierra y su familia con tal de encontrar trabajo.

Son muchos los errores en que, a nuestro parecer, caen los economistas que defienden este modelo de contrato único, uno de ellos es comparar la crisis económica española con la del resto de países de la Unión. No es lo mismo España que Francia, con un sistema financiero afectado también por la crisis, pero sin la terrible mochila de unas pérdidas astronómicas derivadas al mal uso del dinero. Y no es lo mismo partir de un desempleo estructural del 8% y con una tasa de empleo en la construcción muy elevada, al de uno igual pero debido a circunstancias de reestructuración económica e industrial, y con un modelo de economía productivo y muy diversificado. En España al 8% de paro se le llama pleno empleo, mientras que en Francia crisis. La diferencia es sustancial.
La pérdida del rescate bancario por parte del banco de España, cuando en el resto de países se ha podido recuperar, ya demuestra la gran diferencia entre la crisis española y la del resto de países afectados por la última crisis financiera.
La crisis española surge por otras causas, incrustadas en su sistema político y social basado en el clientelismo y a una economía de la corrupción solo comparable a la griega. Si a eso añadimos el histórico modelo de crecimiento de nuestro país, sustentado en la especulación inmobiliaria, y una crisis financiera internacional, sin ninguna duda podemos dibujar la Tormenta Perfecta hispana.

Una de las explicaciones que se plantean por la falta de recuperación del empleo, es la gran diferencia entre el contrato indefinido y el temporal, y la falta de responsabilidad empresarial para gestionarlos. Es evidente que la dualidad, en cuanto al uso de esos dos modelos de contrato, debería desaparecer, pero no por la desincentivación que provoca sino por su injusticia. Este modelo solo consigue que trabajadores con contrato antiguo y salario justo, produzcan tanto o menos en algunos casos, que jóvenes con contrato precario y bajo salario, haciendo que el aumento de la competitividad recaiga sobre esos últimos, en cambio de a la gestión de la misma empresa y del global de los trabajadores.

No es la primera vez que llamamos la atención sobre la gran paradoja de que el mismo trabajador español aumente significativamente su productividad, aun trabajando menos horas, al emigrar y trabajar en una empresa extranjera. Lo cual hace evidente que la competitividad de la empresa española no depende del salario de este trabajador, de su capacidad productiva o del modelo de contratación al que se ha acogido, sino de la gestión de la misma empresa o del país donde está ubicada.

La solución que se propone en el Manifiesto de los 100 economistas es un contrato único con indemnizaciones crecientes, de modo que el empresario gana en seguridad en el caso de una caída de resultados y, sin embargo, el trabajador que se adapta o es productivo gana a partir del segundo año.
En la propuesta la indemnización por despido improcedente en el contrato temporal sería de doce días por año trabajado (cuando se planteó estaba en ocho). Mientras que en el indefinido se limitaría a treinta y tres en cambio de los cuarenta y cinco, que era lo que marcaba la ley en el 2010.

Obviamente, en este caso el trabajador es quien claramente pierde. De hecho la injusticia no está en la diferencia sino en lo miserable de la indemnización del contrato temporal. Lo único que el gobierno adoptó de la propuesta es la indemnización de los treinta y tres y de los doce días, es decir que si el trabajador fijo tiene un contrato posterior al 12 de febrero del 2012, en el mejor de los casos cobraría treinta y tres días por año trabajado, mientras que doce en caso de ser temporal.

La propuesta no solo elimina el modelo de contrato sino también la maraña de modalidades que le acompañan. Según la actual legislación en España, que podemos encontrar en su web, coexisten tres modelos de contrato indefinido y ocho de temporal. Sin embargo, dentro de las tres modalidades de indefinido podemos encontrar quince más, a las que hay que sumar veinte en las temporales. Por supuesto, esta propuesta simplificaría mucho el ordenamiento, aunque lo consideremos desacertado en algunos casos.

Es mucho mejor, en este caso, la propuesta del Servicio de Estudios del BBVA, de limitar el sistema a tres modelos, el fijo, el temporal y el de aprendizaje, pero todos ellos dentro de un mismo modelo de contrato.
Tanto BBVA Research como el grupo de economistas de FEDEA reconocen la gravedad de la distorsión entre los países más adelantados de la UE y los más atrasados. España y Grecia son, con mucho, los países con mayor indemnización por despido, y curiosamente también los que tienen mayor tasa de desempleo de Europa; sin embargo, en el caso de España no podemos caer en la trampa de relacionar la elevada indemnización con el desempleo, ya que no es lo mismo ser un desempleado en los países con la indemnización más baja, con prestaciones y protección jurídica, que superan con mucho las que cualquier trabajador español en paro podría soñar. La implementación, hace ya muchos años, del contrato temporal no consiguió que disminuyera el paro; sin embargo, la indemnización por su finalización es prácticamente idéntica a la de los países con menor tasa de desempleo.

La implantación de la propuesta de los 100 economistas no serviría al fin supuestamente previsto, que es el aumento del empleo. Curiosamente la medida no parece diseñada para eliminar la precariedad del mismo, que es el principal problema de nuestro sistema económico, sino la temporalidad, que es precisamente lo que este modelo de contrato terminaría potenciando en sus dos años de inicio. Además el trabajador perdería la capacidad de gestionar su vida laboral, al no saber con certeza cuando termina su contrato.
Los impulsores de la indemnización creciente aseguran que debería servir como incentivo para que la empresa se quede con los trabajadores, una vez pasado los dos primeros años. Y la idea es correcta, pero en un país muy distinto al nuestro, en el que sea imposible el fraude en los contratos temporales. De hecho con este contrato se está incentivando una vez más el aumento de la rotación de los trabajadores, tal como ya sucede con los actuales contratos temporales y de aprendizaje.
La actual legislación dice que los contratos temporales solo pueden servir para trabajos temporales, que es donde hoy por hoy existe más fraude. Las empresas contratan trabajadores temporales para desarrollar trabajos fijos, saltándose la legislación con absoluta impunidad, ya que apenas existe penalización en caso de ser descubiertas o denunciadas. Eso puede comprobarse principalmente en las empresas de servicios. El contrato único legalizaría esta situación que ahora podría perseguirse por fraude, con el agravante que el trabajador tendría más indefensión, ya que el contrato único carece de fecha límite; tanto puede durar tres, seis o doce meses, a voluntad del empresario. De manera que la dualidad de contrato temporal e indefinido seguiría existiendo, con la salvedad de que la duración del primero dependería por completo de la voluntad del empresario, sin ninguna obligación contractual.

BBVA Research propone un radical cambio en el sistema de indemnización por finalización del contrato, haciendo que la del temporal sea más elevada que la del indefinido. Aunque para nosotros no lo sea, eso convertiría el sistema de contratación en único, con las tres modalidades integradas en él, haciendo mucho más atractivo el indefinido. De este modo el empresario intentaría por todos los medios conservar al trabajador. El contrato indefinido también tendría una indemnización creciente, hasta alcanzar la máxima de doce meses si se trata de despido procedente, y de veinticuatro si es improcedente (no hemos encontrado el baremo de indemnización que propone, ni en el indefinido ni en el temporal). Se supone que en caso de una rescisión anticipada, el contrato sería tratado automáticamente como temporal; sin embargo, no explica cómo evitar que el empresario no espere un día más del cambio de contrato para pagar mucho menos.

El culpable de la elevada tasa de desempleo en España no es la maraña de modelos de contratación o la pervivencia del contrato indefinido, sino algo más sencillo y lacerante, la falta de empleo; de lo contrario, en Euskadi y Catalunya las tasas se mantendrían muy elevadas también -recordemos que antes de la crisis la tasa de desempleo en Euskadi era de las más bajas de Europa-. Por consiguiente el problema hay que buscarlo en otra parte, principalmente en las características socioeconómicas de cada una de las Comunidades Autónomas y de sus provincias; y si lo hemos de comparar con Euskadi, en el modelo de crecimiento.
La solución a la temporalidad no es el contrato único con indemnización creciente. Y no obstante la importancia de reducir y clarificar la gran maraña de modelos de contratación, es necesario mantener los que sirven para casos muy concretos y especiales, pero con un buen sistema de control, no tan difícil de ejercer con las nuevas tecnologías y con un sistema de protección al denunciante, además de un cambio en la política sancionadora.
La diferencia en la indemnización entre el firmante del contrato temporal y del fijo es injusta y carece de sentido. Un trabajador es rentable por el trabajo que realiza, que en principio debería ir en proporción al salario que percibe. Es ridículo pensar que será más o menos productivo por la indemnización recibida en caso de despido. El trabajador no busca un empleo con la presunción que será despedido.

A nuestro modo de ver la modalidad de contrato único con tres partes diferenciadas que propone BBVA Research es el correcto, pero con la misma indemnización para el temporal y el indefinido, y con la limitación de doce meses en caso de despido procedente, y a juicio del tribunal a partir de los veinticuatro en el improcedente; no obstante, no nos gustaría dejar de lado la posibilidad de aumentar unos puntos en casos muy concretos, como la ayuda a la contratación de incapacitados, etc., pero siempre dentro del mismo marco.
El contrato quedaría, en este caso, como único con los tres cuerpos, el del aprendizaje, el temporal, de un máximo de dieciocho meses; y, por último, el indefinido. El primero obviamente sin indemnización, pero con un compromiso expreso de pasar al segundo tramo en el momento de su finalización. El segundo con una indemnización de treinta días que se añadiría ya directamente al salario, tal como si fuera una tercera paga doble prorrateada. De este modo el trabajador no la percibiría en su liquidación, pero en cambio obtendría un salario más elevado. El empresario se tomaría mucho más en serio la contratación, intentando por todos los medios, en caso de interesarle el trabajador, convertirlo a fijo. El trabajador, no obstante, obtendría la seguridad deseada a costa de la parte de la indemnización, que recuperaría de inmediato en caso de despido improcedente antes de vencer los dieciocho meses, más una indemnización proporcional al perjuicio sufrido.

Principios básicos de Democracia Participativa

Antes de nada querríamos explicar lo que para nosotros es la Democracia Participativa y las distintas facetas que puede tener, y hasta qué punto puede ser útil para la administración del barrio, de la ciudad o incluso del mismo Estado.

Hasta la segunda mitad del pasado siglo las revoluciones sociales eran violentas y muchas veces se dirimían con guerras civiles, en las que participaban países o sociedades coloniales que luchaban contra los cambios sociales. Cuba, Vietnam, el Rif, China, Nicaragua y muchos otros, desconocidos para la mayoría, que se remontan desde el principio de la historia escrita. En algunas, muy pocas, triunfó la revolución, llenando de gozo y de esperanza a todos los que soñaban en un mundo más democrático o igualitario; sin embargo, todas ellas han ido desapareciendo reabsorbidas por el sistema económico o se han convertido en dictaduras. Todas terminaron del mismo modo como empezaron, con un cambio de oligarquía y un nuevo sistema tan poco democrático como el anterior, quizá con un mejor reparto de la riqueza, que poco a poco se ha ido diluyendo.
Por costumbre, la lucha social y democrática tiende a facilitar el liberalismo, es decir, que en tanto se entiende que la oligarquía enquistada o la surgida de cualquier revolución, está en su derecho de defender su espacio y sus prebendas hereditarias, la revolución liberal busca una cierta igualdad de oportunidades para que los ciudadanos puedan conseguir superarse. No obstante la misma casta política y económica surgida de la lucha por la superación y el bienestar, tiende a crear nuevos mecanismos para corromper ese liberalismo, y así poder mantener su preeminencia aun sin merecerla.

En el Mediterráneo, sin embargo, cien años antes había proliferado, entre la clase trabajadora más pobre, un movimiento autogestionario que promovía un reparto de la riqueza no ya más equitativo sino prácticamente igualitario, en el que primaba la educación por encima del consumo o del bienestar tal como hoy lo entendemos. La autogestión en las empresas (cooperativismo), en los centros culturales, las escuelas, etc., es, quizá, un paso decisivo hacia la participación ciudadana en la administración de sus centros de trabajo, de su educación e, incluso, de su ocio.

Este movimiento, el anarquismo, fue rápidamente sofocado, casi siempre con saña. El darwinismo social, incrustado en la intelectualidad europea, incluso en la más humilde, no podía permitir que un sistema de autogestión proliferase, porque indudablemente no podía competir contra él.
Tras el descifrado del genoma humano el determinismo genético ha quedado descartado, aunque no entre los que se aferran a él. No así un sistema de libre competencia despiadado, muy discutible para cualquier economista con un poco de sentido, sin contar los desequilibrios psíquicos y sociológicos que comporta, ampliamente demostrados.

La Democracia Participativa viene a ser un retorno de aquel movimiento autogestionario, pero circunscrito a la gestión de los recursos públicos y promovido en un principio por un nuevo concepto del comunismo, que pretende recuperar parte de su raíz democrática y participativa. No nos debe extrañar que este resurgimiento, a través principalmente de los presupuestos participativos, en Europa haya llegado de la mano de la izquierda para irse extendiendo entre el resto de espacios políticos, desde el centro izquierda hasta la derecha más reaccionaria del continente, la española, que quizá lo haya visto como una manera de canalizar el descontento social hacia una nueva forma de liberalismo, para evitar las grandes y costosas revoluciones que tanta decepción han causado.

No hablaremos aquí de estadísticas ni de cifras, tampoco analizaremos cada caso porque no es lo que pretendemos con este trabajo. Tampoco existe experiencia suficiente para hacerlo, y gran parte de la que hay no se la puede considerar como tal, al menos para nosotros, ya que en la mayoría de lugares lo que se define como participación ciudadana obedece en gran parte a intereses partidistas, que nada tienen que ver con la voluntad de la ciudadanía, a crear o utilizar un clientelismo político, o simplemente se trata de vulgares consultas mediatizadas por el poder y sin ningún carácter vinculante.

Pese disponer de la experiencia de Porto Alegre y de otras ciudades sudamericanas, este trabajo incidirá principalmente en Europa, muy distinta por sus características. Eso no significa que olvidemos su experiencia, pero intentando ajustarla a nuestras necesidades.

A nadie debe extrañar que el discurso a favor de la Democracia Participativa haya surgido con fuerza, sobre todo en Europa, en un momento de desafección de la ciudadanía hacia el asociacionismo y los partidos políticos, que en algunos casos son reacios a abrirse a este no tan nuevo modelo de hacer política, principalmente si no están seguros de controlar el proceso. Esa desafección ha provocado que las asociaciones, que deberían liderar el proceso, solo representen una minoría de la sociedad que debería participar. La falta de espacios capaces de llamar a los vecinos, hace pensar en la necesidad de hacer pequeñas propuestas a escala de calle o de barrio para involucrar poco a poco todo el vecindario, facilitando la participación de todos los ciudadanos, estén o no asociados. El boca a boca es importante en este caso. Publicitar con inteligencia que un solo vecino de un edificio haya podido decidir la mejora de su calle por la falta de implicación del resto, inevitablemente hará que para una próxima vez la participación aumente.
Aunque las circunstancias políticas y los actuales sistemas asociativos hayan circunscrito la Democracia Participativa a la gestión de la función pública, sería un error olvidar sus orígenes, ya que es a través de ellos cómo podemos generar la corriente necesaria para llevarla a cabo por la ciudadanía. Un buen sistema es promoviendo la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas proveedoras del municipio, y la del mismo ayuntamiento a través de sus funcionarios. Buscar las cooperativas de la ciudad y asesorarlas para que puedan participar en las adjudicaciones de contratos.

A veces es complicado diferenciar la Participación Ciudadana del Presupuesto Participativo. Si bien el segundo es producto de la primera, a esta no la podríamos entender sin que la ciudadanía pueda decidir cómo ha de administrar el presupuesto. Quizá fuera mejor rebautizar todo el proceso y hablar directamente de Democracia Participativa.
La Participación Ciudadana ha de servir para controlar el gobierno y decidir las prioridades. A través de ella el ciudadano no solo controla a sus representantes sino que también incide sobre sus actuaciones. La base de la Participación Ciudadana es la absoluta Transparencia de la Administración. Sin ella nunca podría existir.
El Presupuesto Participativo es el segundo paso de la Democracia Participativa, decidir cuánto dinero y en qué plazos ha de gastarse para cada cosa.

El último paso y el más complicado, y del que pocos hablan, es decidir el sistema para recaudarlo. A este proceso podríamos bautizarlo como Administración Participativa, y con él podríamos cerrar el círculo de la Democracia Participativa en lo que respecta al municipalismo.
En este estudio nos ceñiremos en los dos primeros puntos, pero sin obviar la nomenclatura ni la definición Democracia Ciudadana.

En los setenta la complicidad ciudadana con la revuelta social no pasaba del 30%, una tercera parte de la cual participaba de las movilizaciones. Se considera que entre el 10 y el 12% de la población participaba en las manifestaciones y las huelgas. Durante el 15M solo el 10% de la población participó de manera más o menos activa en las movilizaciones. Estas cifras se reflejan claramente en los resultados electorales de los partidos que se autodenominan herederos del movimiento. Dicho esto, hemos de ser conscientes que con la Participación Ciudadana no podemos esperar más de este 10%, que se reduciría a entre un 5 y un 7% con respecto a los Presupuestos Participativos, a menos que encontremos el modo de involucrar a muchos más ciudadanos. Y no nos engañemos, este exiguo porcentaje se limita a los que anteriormente ya participaban en asambleas o foros de debate. Mejora, eso si, su coordinación y aumenta su activismo.

La experiencia en todos los procesos que hemos investigado demuestra que solo la llamada a la participación, por importante que sea la actuación, no es suficiente. Por desgracia encontraremos más miembros en una hermandad vecinal de carácter lúdico, que vecinos en un proceso para decidir la instalación de una biblioteca municipal. Por lo cual, una de las soluciones podría pasar por organizar fiestas o encuentros deportivos, para realizar consultas o debates, sin olvidar la creación de nuevos sistemas asociativos mucho más horizontales, que si bien en un principio habrán sido alentados por el gobierno local, a corto plazo deberán ser abandonados por este, dejando que sea la misma sociedad quien los gestione.

La Democracia Participativa representa para algunos la gran revolución democrática pendiente, para nosotros, sin embargo, el obligado paso para llegar a la Democracia Directa, que sería la definitiva o la real para una sociedad colectivizada tanto económica como socialmente. No obstante, no podemos obviar que la Democracia real, sea la representativa o la participativa, es el gran enemigo del Sistema, ya que no puede aceptar el bien común tal como una sociedad justa lo entiende y pretende. El Sistema puede, a duras penas y con engaño, manipular la Democracia Representativa, pero no la Participativa; y al ser consciente hace lo posible para evitarla, y si no lo consigue la hace suya para corromperla a su medida. Para subsistir, el Sistema necesita movimientos especulativos o crear sin cesar pirámides o burbujas económicas, que terminan beneficiando principalmente a un exiguo grupo, sus promotores, lo que vulgarmente podemos llamar “Pelotazos”, una definición en la que podemos englobar todos los espejismos económicos. Para mantener su impulso este modelo económico necesita grandes operaciones privatizadoras, y eso está reñido con la Participación Ciudadana y, sobre todo, con el Presupuesto Participativo, porque este modelo no concibe, ya de por si, el beneficio de unos pocos o de grandes corporaciones ajenas al beneficio común.

La Democracia Directa es la que mejor defiende la libertad individual por encima de cualquier veleidad grupal, sin olvidar el beneficio global, evitando, gracias a unas normas establecidas y pactadas de antemano, el perjuicio que podría ocasionar a la sociedad como grupo.
Las ventajas de la Democracia Directa sobre una Democracia Representativa basada en programas muy desarrollados se pueden explicar con facilidad. La base del actual sistema de partidos políticos se fundamenta en la confección, más o menos democrática, de unos programas electorales que a menudo no se cumplen, en la forma de bloques que difícilmente pueden contentar a la mayoría. Este modelo de Democracia queda lastrada por la dificultad de trasladar con eficiencia la voluntad política de cada individuo, sobre cada una de las cuestiones que le afectan.
Si preguntásemos al electorado del PP o del PSOE, por poner los dos ejemplos más clásicos de nuestro país, descubriríamos que la mayoría está a favor de la escuela y de la sanidad públicas, y por supuesto contra la corrupción de sus representantes. Pero no en su totalidad ni cada una de ellas por entero, es decir, que una parte de su electorado estará a favor de una o de otra, aunque no enteramente.

¿Por qué les siguen votando entonces, cuando es evidente que sus programas o las políticas que vienen realizando, son contrarias a la mayoría de esas premisas o solo dan satisfacción en una pequeña proporción?

Porque con este poco, junto a otras promesas que a veces no hace falta que estén en el redactado del programa, le hemos de sumar la base misma de las verdades sociales que defienden, que casi nunca coinciden con las naturales pero si en el imaginario social de sus votantes. La sensación de pertenencia a un colectivo, a una determinada cultura o la defensa de un sistema de castas, podrían ser buenos ejemplos. Se trata pues de aceptar el sacrificio que representa gran parte del programa, hasta el punto de aprobar leyes o actuaciones que perjudican a una gran mayoría, para disfrutar el hipotético beneficio del resto y de aquellas verdades sociales incrustadas en el imaginario social.
Con la Democracia Directa, sin embargo, se podría escoger punto por punto, debatiéndolos con el tiempo suficiente para evitar errores y enfrentamientos, tanto entre las distintas identidades como las sensibilidades ideológicas. No debe extrañarnos entonces que en un sistema de Democracia Representativa, una mayoría siga votando a partidos que defienden premisas o actúan contra gran parte de su propia sensibilidad.

Por lo que respecta al ahorro o la modernización de la administración pública, y principalmente de la Democracia, hemos de tener en cuenta que la sociedad, como grupo de individuos libres de influencia, intuitivamente busca lo más rentable siempre con la comparativa calidad/precio, mientras que el Sistema hace lo contrario, ya que vive de una plusvalía sobrevenida a costa del usuario, sea por el precio o por la calidad. Los servicios públicos son un buen ejemplo, el Sistema es terriblemente oneroso y necesita márgenes que solo puede conseguir especulando o, de no ser posible, tratando miserablemente a un trabajador que ya no siente empatía hacia el trabajo que realiza, ofreciendo un servicio de baja calidad a un precio abusivo y sin asumir ningún riesgo; por lo cual la ciudadanía preferirá que sea el propio municipio o una cooperativa cercana quien se encargue, ya que el contacto con el trabajador es más intenso y conlleva más eficiencia.

El Sistema, sin embargo, necesita vender el servicio para sobrevivir. Sin él moriría o tendría que transformarse hasta un punto que le es imposible por la pérdida de plusvalía. El sistema, por tanto, intentará defenderse, primero desprestigiando lo público a favor de lo privado, luego a través de una legislación que le de ventaja. Si por este procedimiento no lo consigue, intentará que se redacten leyes prohibiendo directamente la municipalización de lo público, como ya se está intentando ahora mismo. Y si ni así, el sistema volverá a defenderse con violencia.

Nosotros creemos que la Democracia Participativa debe ser lo más amplia posible, como paso previo a la Directa, en que la ciudadanía se organiza para gobernarse libre y colectivamente. No se trata de consultar a la ciudadanía sobre lo que hay que hacer, dejando un amplio margen de decisión a la administración, sino que sea ella la que, tras organizarse libremente, administre sus recursos. No son los políticos quienes deben decidir lo mejor tras consultar a la ciudadanía, sino que es ella la que debe tomar una decisión, tras haber sido asesorada por un consejo de técnicos y/o de políticos.
La Democracia Participativa no solo es una herramienta para democratizar la función pública sino que también facilita la relación entre el representante elegido, el electorado y los técnicos. El representante político puede, de esta manera, esquivar la presión de algunos colectivos, que le exigen actuaciones que los técnicos no pueden ofrecer o que la ciudadanía no votó en su día. Los técnicos también salen beneficiados, ya que sus consejos serán escuchados directamente por el ciudadano, sin pasar por la tensión del representante, que algunas veces decide en contra de su dictamen, por motivos ideológicos o electorales.
Hemos de entender, sobre todo los partidos políticos o el asociacionismo, que la Democracia Participativa no puede utilizarse para aumentar la expectativa de voto de un partido determinado, en todo caso podría servir para que disminuya el abstencionismo, pero no como intención primigenia sino como el resultado de una mayor implicación de la ciudadanía. De hecho y paradójicamente en casi todas las experiencias europeas estudiadas ha subido la abstención. Por eso es importante que el sistema sea escogido con el máximo consenso, abriéndolo a todas las fuerzas políticas que deseen participar. No se trata de eliminar el sistema de partidos políticos, al menos en las primeras fases de democracia Participativa, ya que sin ellos no podría existir un debate lo suficiente desarrollado, ni el primer foro de discusión: los folletos que han de servir para dar a conocer su opinión sobre los procesos en marcha.

Experiencia
Excepto en Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, que es de donde salió el resto de experiencias, apenas disponemos experiencia en Participación Ciudadana, y mucho menos que exceda el ámbito municipal. El sistema de Porto Alegre se ha exportado, eso sí, a otras ciudades de Sudamérica, pero mucho menos a Europa. Para entender su propagación nos hemos de trasladar a la ciudad, su entramado social y cultural, de características casi únicas en el mundo, que ha facilitado la conectividad ciudadana. Porto Alegre es la ciudad con más desarrollo humano de Brasil, con un elevado grado de asociacionismo ciudadano, cuya madurez e independencia excede en mucho a cualquier otro caso que hayamos estudiado.
¿Podemos extrapolar la experiencia de Porto Alegre a Europa?
Por supuesto, pero adaptando el sistema a las distintas realidades.
La Democracia Representativa europea está tan afianzada e incrustada en la mente del ciudadano, que se hace difícil imaginar el surgimiento de un asociacionismo independiente. Es difícil encontrar un activismo externo a los partidos políticos. Incluso el asociacionismo más independiente suele estar gestionado por activistas de los mismos, no por voluntad fagocitadora sino porque el poco activismo ciudadano que podemos encontrar surge de sus afiliados.
Queremos aclarar que con la Democracia Participativa no tratamos de suplir la Democracia Representativa, sino que se complementen, siempre en la consciencia que son muy distintas y hasta antagónicas. No se trata pues de buscar un híbrido entre las dos, por mucho que lo parezca, cuando utilizamos unas normativas muy exigentes para gestionar los procesos participativos. Hemos de tener en cuenta que un ejecutivo con poco soporte representativo o sin la suficiente capacidad gestora, puede caer fácilmente en el populismo de las consultas, una vez mediatizada a su gusto la ciudadanía.

La introducción en Europa no ha sido fácil y se ha ido implementando con distinta fortuna, dependiendo mucho de la proyección ciudadana, es decir si el sistema ha partido más de la base, con ayuda de asociaciones vecinales o asambleas de barrio, o si ha sido promovido y organizado directamente desde el ejecutivo. La poca experiencia demuestra que en el primer caso es mucho más eficaz, tanto por el éxito de las decisiones, como por la cantidad de ciudadanos que participan y la durabilidad del proceso. En el segundo, el sistema suele caer en la trampa del clientelismo o el de mediatizar las consultas para beneficio del gobierno, que las utiliza para conseguir la aprobación de inversiones o políticas urbanísticas de dudoso beneficio, o simplemente para esquivar la oposición o a los mismos técnicos. En las tres ciudades europeas que se ha conseguido que las decisiones se tomen desde las bases ciudadanas, o con la mínima injerencia del gobierno local, los procesos han promovido principalmente el trabajo y la defensa del medio ambiente

Como hemos explicado anteriormente, en su mayoría la decisión tomada por la ciudadanía solo es consultiva, es decir no vinculante, y la decisión de ponerla en práctica es del ejecutivo. Este tipo de consultas provoca decepción entre la ciudadanía y está condenada al fracaso, generalmente a corto plazo.

Constatamos coincidencias, a veces importantes, entre las distintas experiencias, achacable a la gran conectividad entre los ciudadanos, principalmente entre los funcionarios de las distintas ciudades, que hace que todas las experiencias, por lejanas que sean, compartan algunas características, es decir que algunos puntos son idénticos, sin menoscabo que luego su sistema y la administración del proceso no se parezcan en nada. Las conferencias, viajes e intercambios de experiencias, junto la necesidad de cambios o modernización de la administración en un momento determinado, hacen que ciudades muy alejadas entre si compartan parte de un sistema participativo, incluso en el formato de folletos o una política concreta, que va más allá de la posible coincidencia.

Anteriormente hemos explicado que en este estudio no entraríamos a valorar todos los casos uno por uno, porque cualquiera de ellos merecería un trabajo muy extenso. Sin embargo, para explicar lo que pretendemos, que no solo es lo que entendemos por Democracia Participativa sino mostrar el camino para hacerla posible con plenas garantías, tendremos que estudiar, aunque someramente, los distintos escenarios que han llevado a retrocesos o fracasos en los que podrían haber sido grandes ejemplos a seguir.
Por supuesto, no podemos detallar por qué en lugares como Santa Cristina de Aro, donde el sistema participativo estaba dando buenos frutos, el grupo que lo promovió cayó en las segundas elecciones, pasando el poder a la derecha catalana, que prácticamente desmontó el proceso.
En Puente Genil, el gobierno municipal de IU hizo un esfuerzo para llevar los presupuestos participativos a un límite difícil de igualar, sin embargo, a la siguiente legislatura perdió la mayoría absoluta y tuvo que reducir su alcance. Málaga es un caso aparte y digno de estudiar, que muestra un sistema completamente distinto al resto. Las ideas llegan desde la ciudadanía, pero el debate se desarrolla en el ayuntamiento. El flujo de propuestas es constante y extremadamente transparente, el ciudadano que envía una propuesta recibe la respuesta del responsable a los pocos días, pudiendo seguirla a través de una sencilla herramienta informática. La democracia queda en entredicho, ya que el ayuntamiento decide lo que se hace y lo que no, dependiendo muchas veces de quién hace la propuesta, pero la funcionalidad es extrema. El resultado, como suele pasar en esos casos, es un amortecimiento del proceso por falta de participación.

También como ejemplo de éxito tenemos el sistema participativo llevado a cabo en los liceos franceses, pero solo extrapolable a espacios parecidos y con unos temas de debate bien definidos. En las ciudades alemanas e italianas, en las que el proceso ha conseguido avanzar, o en las británicas. Da lo mismo, en todos los casos la participación ha sido pequeña y en su mayoría con el paso del tiempo ha disminuido.

Como hemos ido viendo, los procesos que más han perdurado han sido los más horizontales por su mayor participación y poder de decisión, o los que obedecen a la política de un partido o alcalde concreto. En el primer caso es obvio que el empoderamiento de la ciudadanía tiene mucho que ver, el hecho que sus decisiones sean vinculantes ha ayudado a esquivar la desafección, que poco a poco se ha dado en otros casos. En el segundo, el proceso se mantiene artificialmente y sin apenas consultas o, en el caso de referirnos a un presupuesto participativo, este suele estar mediatizado y controlado por las asociaciones afines al ejecutivo, y con un porcentaje muy bajo sobre el presupuesto municipal.

Muchos se han extinguido al poco de haberse creado o con el primer cambio de gobierno, casi siempre hacia la derecha. Esas diferencias y los pocos éxitos y muchos fracasos que hemos podido estudiar, tienen que ver con la poca homogeneización y la inexistente voluntad del legislativo a regular el sistema, o sentar unas bases de uso para todos, que por un lado evite las manipulaciones y los clientelismos, y por otro fuerce a todos los gobiernos locales a destinar parte de su presupuesto a la participación ciudadana. También constatamos que las ciudades con mayor espíritu participativo son las que mantienen la gestión de los servicios; mientras que las que han privatizado esos servicios, han reducido la participación o simplemente ha desaparecido, posiblemente porque la mercantilización de los servicios públicos convierten en inútil o hasta incómoda la misma participación ciudadana.

Hemos de tener en cuenta que sin un buen sistema normativo, la Democracia Participativa tiende a jerarquizarse y a recuperar el sistema de Democracia Representativa, aunque disfrazada de la anterior. Y constatamos que eso es mucho más fácil en la que ha sido organizada y sustentada directamente por la administración, pese sus esfuerzos para minimizar el riesgo.
Con la Democracia Participativa no conseguiremos la perfección, ni siquiera la Democracia Directa lo es, sino un paso más en la constante aspiración de generar un modelo democrático lo más perfecto posible. De poco puede servir que la ciudadanía elija lo que cree que es mejor para su ciudad, sin un sistema de libertad de expresión ni la posibilidad de hacer propuestas con la misma libertad. Para hacerlo efectivo necesitamos una normativa tutelada por el poder judicial, que no solo sirva para gestionar el sistema sino también que garantice su transparencia y su empoderamiento.

Pese la posible normativa, las diferencias siempre existirán. Indudablemente no podemos comparar una ciudad de trescientos mil habitantes con una de diez mil. Tampoco un municipio rico y con un presupuesto elevado, con uno pobre, que a duras penas puede pagar el consumo eléctrico de sus calles. Obviamente, en el primero la ciudadanía podrá decidir sobre un porcentaje elevado, ya que dispondrá de más sobrante sobre los gastos fijos, mientras que en el segundo quizá no pueda decidir sobre ninguno. Sin embargo, la limitación de los recursos no es excusa para esquivar la participación ciudadana. Pese la falta de recursos el municipio tiene que sobrevivir, la higiene de las calles, la educación, etc., no son un lujo sino una necesidad. En este caso la participación ciudadana puede ser más intensa y efectiva si cabe, ya que se necesita la complicidad de todos los sujetos para cubrir las necesidades. El presupuesto se sostiene entonces en tiempo de trabajo o que los mismos ciudadanos se organicen a través del proceso participativo para cubrir sus necesidades como colectivo.

El éxito de la experiencia de Porto Alegre puede achacarse a varios factores coincidentes.
Primero y seguramente el más importante, ser una ciudad con un gran espíritu colectivista, en la que proliferan asociaciones muy horizontales y donde el partido con más raigambre es el PT, gran defensor del asociacionismo y el cooperativismo. La colectivización y la toma de decisiones por parte de asambleas de barrio o de calle, facilitaron la puesta en práctica del sistema participativo, así como la gran cantidad de ciudadanos que participan, que es uno de los principales requisitos para que el sistema tenga éxito.
Segundo, el haberse podido desarrollar durante un largo período de tiempo. El hecho de que este asociacionismo hubiera empezado mucho antes que el PT llegara al poder, que luego ya en él facilitara y promoviera este sistema de gobernanza, posibilitaron su desarrollo, con constantes retoques para mejorar y adaptar el sistema a los cambios sociales y económicos que se iban dando en la ciudad.

Tercero, un buen reglamento normativo, que hace muy difícil que puedan darse preguntas imposibles o de carácter extraño al municipio.

Cuarto, la gran cantidad de ciudadanos que participan, que ha ido creciendo con los años a través del boca a boca. Si el ciudadano que no participa pero conoce el sistema, aprecia que las decisiones de sus asambleas son vinculantes y respetadas, termina entrando en él para no quedar relegado.

Y, por último, que sean los mismos ciudadanos los que hayan creado el proceso, que lo mantengan y lo mejoren o retoquen por si mismos, sin que el gobierno de la ciudad pueda inmiscuirse.

Metodología
Los Consejos o Comisiones Municipales no son Participación Ciudadana. Los órganos creados por el ejecutivo poco podrán cumplir esa función. Solo los espacios creados directamente por la sociedad administrada, exclusivamente para este fin, podrán considerarse aptos para articularla. La creación de esos espacios, no obstante, puede haber sido alentada y apoyada por la administración, siempre que haya suficiente espíritu asociativo independiente en el barrio o la ciudad. Este apoyo no podrá ser económico ni logístico, en el último caso excepto cuando sirva para facilitar un proceso participativo para el bien común.

Para que la participación sea efectiva y beneficiosa, es necesario que la ciudadanía esté amplia y correctamente informada de todo cuanto acontece en la ciudad, y que los detalles de esta información estén al abasto de cualquiera.

Es imprescindible que los ciudadanos conozcan en todo momento el porcentaje presupuestario a su disposición y su cuantía, o, en su defecto, el ciudadano ha de ser consciente del tipo de decisiones que puede tomar. Es decir, que en caso de no conocer con exactitud el presupuesto a disponer, por adaptarse este a la necesidad de la ciudad, los ciudadanos han de saber en qué modelo de inversiones tienen la potestad de decidir. En cualquier caso este porcentaje ha de ir en aumento año tras año, junto a la absorción de nuevas responsabilidades.
La participación debe ir acompañada de consultas periódicas, tanto en todo el municipio como en los barrios, para conocer la opinión de la ciudadanía sobre los acontecimientos o la administración de la ciudad. En la formulación de esas consultas participarán todas las fuerzas políticas, cada una con sus folletos y preguntas alternativas, mediante carpas unitarias o separadas.

La experiencia de las distintas ciudades estudiadas muestra que los procesos participativos han de ser fuertemente publicitados, antes de ser convocados, durante el debate previo y en su resultado final.
Es imprescindible fomentar el debate entre la ciudadanía, y el de esta con los técnicos del gobierno.
No olvidemos que el debate sirve para aprovechar el conocimiento de los ciudadanos, tanto individual como colectivo, en su propio beneficio y el de la administración de la ciudad, que ganará en agilidad y eficacia.

Las nuevas tecnologías han facilitado la concienciación de la ciudadanía, pero más por la facilidad en la comunicación que por las herramientas informáticas que se han ido creando para darle voz, en forma de foros y de sistemas de votación telemática. Sin embargo, no debemos obviar los problemas inherentes a las redes sociales, que pueden terminar banalizando el mensaje y, por tanto, el proceso. Las redes sociales o los sistemas de votación rápida no son el fin, sino una herramienta del medio, que bien llevada lo agiliza y lo democratiza. De hecho la participación ciudadana se remonta muchos siglos, cuando incluso el papel era un lujo, de modo que las nuevas tecnologías solo pueden facilitarla, pero lo más importante es la voluntad de la ciudadanía y la decisión y valentía del gobierno.
La revolución tecnológica en la comunicación ha de servir, por tanto, para empoderar al ciudadano de manera directa, es decir evitando al máximo los intermediarios y facilitando el debate. Las herramientas han de servir para que el ciudadano pueda presentar un proyecto, con la seguridad que el gobierno municipal, sea a través de sus técnicos o del concejal de distrito, lo recibirá y le responderá con agilidad, preguntándole si hay alguna duda o proponiéndole cambios para hacerlo practicable. No obstante, el gobierno municipal tiene que facilitar el debate a través de reuniones periódicas en centros sociales y en foros telemáticos transparentes, promovidas al principio por el mismo gobierno o por un grupo de ciudadanos, dependiendo el origen del problema a resolver.

Podemos observar dos modos de organizar un proceso participativo:

  • – El primero es voluntario, en que el ciudadano puede participar si lo desea. A priori lo podemos considerar el más democrático. Es evidente que este sistema es el más deseable por ser el más democrático, sin embargo, necesita una gran coordinación y trabajo por parte de todos los agentes políticos, para no caer en manos de superactivistas que suelen depender de pequeños grupos de presión, que terminan contaminando y apagando la voluntad popular.

  • – El segundo es por sorteo. Los ciudadanos escogidos están obligados a participar de manera periódica. En caso de no poder por causas justificadas, el voto y silla de debate pasaría a su relevo. Nunca podrá ser delegado, eso evita el excesivo liderazgo de algunos personajes del barrio o de la calle. En una sociedad democráticamente deficitaria este sistema, aun siendo menos democrático que el anterior, ofrece mayores garantías de calidad y de participación, ya que evita la preponderancia de los grupos de presión.

    En ambos, los debates tendrán que ser moderados por ciudadanos escogidos entre la misma asamblea, tendrán una duración límite y seguirán una normativa preestablecida (anteriormente ya hemos explicado la idoneidad de crear una normativa general desde el gobierno central), a poder ser consensuada por los agentes políticos y, sobre todo, la misma ciudadanía.
    Lo contrario a un proceso participativo sería elegir unilateralmente a ciudadanos por su implicación o por ser partícipes del tejido asociativo de la ciudad. Montesquieu explicó hace casi trescientos años: “El sufragio por sorteo es de la naturaleza de la democracia, mientras que el sufragio por elección es de la naturaleza de la aristocracia”
    El ayuntamiento ha de instalar casetas informativas sin ningún sesgo político, con formularios para hacer encuestas de satisfacción; y enviar a funcionarios o voluntarios a repartir los formularios y preguntar en mercados, paradas de autobús, etc. También es importante disponer de unas fichas de reclamación y de opinión en las casetas, que serán respondidas con la máxima celeridad. Es aconsejable que los partidos políticos instalen las suyas para explicar los problemas que perciben en el barrio y qué soluciones proponen, para así concienciar políticamente o para que la población tenga una mayor visión de los problemas.

Los procesos han de tener el suficiente contenido para que el ciudadano tenga consciencia que vale la pena perder unas horas de su tiempo, por lo cual no es conveniente pedir a un barrio entero que decida sobre la cubierta de un polideportivo o de alargar el carril bici de una calle. Sin embargo, no se puede desdeñar su participación en ambos casos, que podría ser a través de los mismos usuarios del espacio en el primer caso, y de los ciclistas y vecinos de la calle en el segundo. Con el tiempo las decisiones han de sobrepasar lo más inmediato, esas pequeñas inversiones que pueden cambiar el bienestar de los vecinos de una calle o de un barrio, y llegar a decidir inversiones a largo plazo y de elevada cuantía.

No debemos olvidar que la Participación Ciudadana, tanto en su formato informativo como en el de los Presupuestos Participativos, ha de servir para mejorar y modernizar la administración de la ciudad. Es lógico que los vecinos de una calle sepan mejor que nadie, incluso que los técnicos del gobierno municipal, los problemas que sufren, pero no las soluciones que se han de llevar a cabo. Uno de los mejores ejemplos es el del zapatero. Quien calza el zapato es quien mejor sabe dónde y cómo le aprieta, pero es el zapatero quien tendrá que resolver su problema.

Para participar, el ayuntamiento enviará invitaciones o, en caso de ser obligatorio, la convocatoria a través de un sorteo entre los ciudadanos que todavía no hayan participado, así como invitaciones a todos los que hayan participado en los anteriores procesos, sean activos o no.

Entre los participantes siempre habrá los más estables y los que participan eventualmente. Por supuesto, hay que encontrar un modo para que los primeros reciban una justa recompensa. Como por ejemplo, entrar en la terna de las comisiones que median o aprueban las posibles consultas.

A medida que el sistema crece nos encontramos con el aumento de la complejidad de las decisiones. Los participantes necesitan más tiempo para asesorarse, más información y, sobre todo, más deliberación pública. Evidentemente eso limita todavía más la participación en los debates. No todo el mundo puede permitirse perder parte de su tiempo, sea laboral o familiar, para asesorarse correctamente y participar en las deliberaciones. No es lo mismo decidir sobre el aparcamiento, la zona de carga y descarga, o el tipo de árbol con que se quiere urbanizar una calle, que hacerlo sobre cómo regular el tráfico en horas de entrada y salida escolar, qué tipo de vigilancia se necesita durante estas horas, el diseño de la escuela o cómo distribuir el presupuesto para la enseñanza. Para resolver este problema se necesita mucha madurez, tanto por parte de los técnicos como del equipo de gobierno y de los mismos ciudadanos, que han de saber escoger a los más preparados, por su experiencia, profesión o estudios. No obstante, las deliberaciones deberán mantenerse abiertas a todas las personas, ya que es muy importante que el resto perciba horizontalidad y transparencia. Solo los necios obvian el Saber Ciudadano, porque no olvidemos que, tal como el ejemplo del zapatero, los ciudadanos en su conjunto son los expertos de lo cotidiano.

Para fomentar y asentar la cultura de la Participación Ciudadana en Europa, es muy importante promoverla entre los más jóvenes, a través de las escuelas y de los institutos, y con los mismos sistemas; es decir que sean ellos los que se organicen y propongan mejoras, conscientes del presupuesto que disponen y el tipo de decisiones que pueden tomar, incluso fuera del ámbito de la misma escuela. Es también muy importante que periódicamente reciban la visita de los técnicos del municipio, que explicarán las reformas que se hacen en el municipio, principalmente con la Participación Ciudadana, cómo se distribuyen los presupuestos y por qué. También crear sistemas de participación en las empresas municipales o premiar a las privadas que lo practican y que trabajan para el ayuntamiento.

La sociedad participativa
En casi todas las experiencias que hemos estudiado apreciamos que la participación ciudadana es más importante y numerosa en los barrios humildes o de trabajadores, que en los pudientes. Entre la clase humilde, quienes más participan son los del estrato más elevado; mientras que en la clase media, el más bajo. También se aprecia una fuerte participación en la antigua clase media que, tras haber perdido el antiguo trabajo, se ha visto obligada a descender un estrato. Entre la clase media y elevada, quienes menos participan son los que disfrutan de mayores rentas. Se aprecia también que muchas de las personas que participan están en paro o son pensionistas, achacable, se supone, por la cantidad de tiempo disponible. Como hemos visto, la clase media es la más propensa a participar en el gobierno de su ciudad, principalmente su estrato medio-bajo

No hemos podido relacionar el éxito de la participación ciudadana con la superficie de las ciudades, el número de habitantes, si el ayuntamiento está muy o poco endeudado o si su ciudadanía es rica o pobre; tampoco con el grado de abstención electoral. Lo que si hemos apreciado es una mayor participación en las ciudades o barrios con más paro, suponemos que por su mayor disponibilidad de tiempo. También que los gobiernos de los municipios donde se ha implantado, mayoritariamente son de centroizquierda o de la izquierda, unos cuantos de la derecha, y muy pocos con políticas de corte liberal. Además en casi todos ha sido iniciativa de la izquierda alternativa o en la que proliferan los comunistas.
La participación ciudadana trata de evitar, al menos en Europa, la desafección ciudadana hacia la política, llevando la administración de la ciudad directamente a la ciudadanía. Todo lo contrario de lo que pretenden las nuevas formaciones de corte fascista con tinte liberal. Y eso solo es posible en los regímenes donde los municipios mantienen una cierta independencia, tanto presupuestaria como legislativa.

En muchos de los municipios estudiados, quizá por no haber llegado de manera correcta a la ciudadanía o por no haber sabido implicarla, la abstención no ha disminuido, al menos en la proporción que se esperaba. En unos pocos casos y tras dos legislaturas con participación ciudadana, se ha conseguido reducir la abstención gracias a un gran esfuerzo publicitario y haber sabido empoderar a la ciudadanía.
El proceso no garantiza un aumento de votos a la formación que ha propiciado el sistema. En muchos casos ha disminuido o perdido la alcaldía, sin que podamos achacarlo al proceso sino al típico desgaste político o, en el caso de candidaturas ciudadanas, por no haber cumplido las expectativas de su votante, que ha vuelto a confiar en las formaciones tradicionales. En casi todos los casos estudiados el cambio de gobierno ha comportado una rebaja del proceso o directamente su pérdida. Por eso antes decíamos que era muy importante hacerlo con el máximo consenso, buscando la implicación de todas las fuerzas políticas.
No es la primera vez que una sociedad se administra a través de la participación. El significado de las mismas palabras “ayuntamiento y consistorio” definen muy bien para qué servían y quienes participaban. El absolutismo convirtió los gobiernos locales en comparsas del gobierno central, escogidos por el gobernador o virrey de turno.

En España la participación ciudadana apenas existía. Solo se impuso con mucha timidez y reparo en 1.931, cuando los españoles pudieron votar por vez primera, aunque con miedo y poca libertad en las pequeñas ciudades y poblaciones, y durante un corto espacio de tiempo.

Hasta 1.977 los españoles no pudieron escoger nuevamente a sus gobiernos locales con un sistema de partidos políticos, es decir no directamente. En el 2015 unas pocas ciudades pudieron escoger, por fin, a los candidatos de algunos partidos políticos, mayormente con un sistema precario y poco democrático de primarias. En este aspecto nuestra democracia todavía es muy deficitaria y poco representativa de la ciudadanía.
En este gráfico podremos observar la evolución histórica del derecho al voto en España:

Obviamente por ahora no podemos blindar legalmente la Participación Ciudadana, las formaciones políticas que gobiernan el país no lo permiten; sin embargo, lo que podemos hacer es educar a nuestros jóvenes y acostumbrar a la ciudadanía en los procesos participativos, para dificultar la pérdida de memoria democrática en caso de un cambio de gobierno, principalmente enseñando a nuestros niños y jóvenes a debatir y decidir sobre su entorno, desde las escuelas, los institutos y la Universidad.

En las ciudades sudamericanas y europeas, donde se ha implementado el sistema con un cierto o suficiente éxito, pese lo reducido del montante real se ha apreciado más igualdad en el reparto presupuestario, con mejoras en los barrios más humildes, que a medio plazo incide sobre la calidad de vida de sus pobladores e, incluso, en una subida de rentas o de servicios, además de una subida generalizada de la renta media y de la seguridad en toda la ciudad. La Participación Ciudadana se convierte así en una herramienta de paz social y de mejora en la redistribución de la riqueza, evita la violencia que acompaña a las grandes desigualdades, y facilita la movilidad y que la ciudadanía interactúe. No siempre es así, dependiendo el sentido del gobierno, este hace un mayor esfuerzo para mejorar los barrios más populosos y humildes, con el riesgo de dejar de lado a los más desarrollados. Gracias a esta política y al Presupuesto Participativo, los barrios pueden ir igualándose en la cantidad y calidad de sus servicios públicos.

Es curioso de ver que las ciudades que más dinero desvían hacia los Presupuestos Participativos son las del sur de Europa, principalmente en España; y como más al norte, menos dinero disponible hay. Son pequeñas cantidades, tan irrisorias que no deberíamos tenerlas en cuenta; sin embargo, la diferencia por habitante es sustancial, y pueden pasar de los 20€ de una ciudad andaluza, a los 3 de una alemana.

La Participación Ciudadana puede también mejorar el servicio público, sin necesidad de mercantilizarlo con privatizaciones o entregándolo a la empresa privada. Antes hemos explicado que las ciudades que mantienen la gestión de los servicios públicos son más proclives a la Participación Ciudadana, pero también hemos observado que las ciudades con ella son más reacias a su privatización.

En las ciudades europeas también ha servido para mejorar los barrios más deficitarios y para el mejor aprovechamiento de los recursos. La Participación Ciudadana o la administración de proximidad ha evitado errores y ahorrado muchos recursos que se habrían malgastado innecesariamente.

En Europa hemos observado que en los países con más cultura democrática y eficiencia administrativa, se abren menos procesos que en los países del sur de Europa, principalmente el más deficitario en ambos sentidos, es decir España. Este dato no creemos que se pueda extrapolar a una realidad, aunque tampoco podemos obviarlo. En cualquier caso pensamos que se debe al interés de la administración por combatir la percepción de corrupción, ya que los gobiernos menos corruptos son los que más promueven este tipo de proceso.

Procedimientos
Hay que tener en cuenta muchos factores en cuanto la manera de poner en práctica los Presupuestos Participativos.
Para evitar las injusticias entre barrios o calles más o menos ricos, o densamente poblados, existen tres opciones.

  • La primera es crear unas normas que definan las necesidades, así evitamos que las calles más habitadas o con más activismo sean las más beneficiadas, porque obviamente el ciudadano normal tiende a favorecer su calle.

  • La segunda, que los técnicos municipales decidan el lugar que se debe priorizar, y los ciudadanos de este lugar, cómo invertir el presupuesto.

  • La tercera, no decidir unas cantidades prefijadas de antemano. De la experiencia de los Liceos franceses hemos aprendido que no se puede predecir el presupuesto de cada espacio, ya que la necesidad puede surgir en cualquier momento; y que si todos tuvieran un presupuesto parecido o preestablecido, podríamos cronificar las diferencias entre ellos.

Es necesario hacer un seguimiento de resultados para evaluar su eficacia desde los mismos interesados, sea con formularios o en las asambleas, aprovechando para ello las mismas carpas o sistemas participativos que se utilizan para proponer proyectos. El modelo de formulario tendrá que contemplar cualquier aportación, desde las más visibles hasta las que puedan mejorar la relación entre los ciudadanos, como puede ser la de etnias, género, educación, etc.

Para que la ciudadanía pueda empoderarse de manera efectiva, primero tiene que estar bien asesorada e informada. No puede llegar a una reunión, en la que se decide un gasto enorme en el barrio, sin saber exactamente de lo que se trata, ni recibir la documentación con el tiempo suficiente.

Los ciudadanos, principalmente los que más se implican en el proceso, necesitan unos cursos sobre cómo se hacen los presupuestos municipales y el coste real de las infraestructuras o de los servicios que hay en la ciudad. Un buen sistema es utilizar los institutos y las escuelas, ya que, como antes hemos explicado, es importante introducir a nuestros jóvenes en el proceso, y para ello han de estar preparados.

Indudablemente, la decisión del ciudadano debe ser vinculante y de obligado cumplimiento. Y para ello debe formalizarse una legalidad que lo ampare. Así evitamos que el ejecutivo desvíe la inversión, aunque con sutileza, hacia el amiguismo o su propio interés.
El Presupuesto Participativo (ahora ya lo es) debe circunscribirse en el minilocalismo, al menos en su inicio, es decir en los presupuestos para urbanizar una calle o una plaza, en el contexto del barrio y de la ciudad. El proceso debe surgir del asociacionismo o, en su defecto, del gobierno, y siempre resuelto a través de la participación ciudadana. Con el tiempo, el ámbito de decisión podrá ampliarse, ya no solo para decidir cómo urbanizar la calle o plaza sino el barrio y la ciudad. El ciudadano así puede familiarizarse con la administración y su mecánica, y poco a poco intervenir directamente en decisiones más grandes o importantes.

La ciudadanía suele ser reacia a los cambios, sobre todo si estos conllevan un gasto, por lo cual los técnicos del ayuntamiento tendrán que proponer ideas, mostrando las mejoras conseguidas en otros lugares, para generar confianza y seguridad.
Los partidos políticos y los técnicos municipales visitarán las escuelas y los institutos periódicamente, evitando al máximo hacer proselitismo de sus partidos, para explicar los presupuestos municipales y los procesos participativos, y alentar, mediante la complicidad del profesorado, la creación de grupos de trabajo para hacer propuestas de mejora en el entorno de esos institutos o incluso en el barrio.

El Brexit, qué es y qué consecuencias tendrá (1ª parte)

Nuestro interés al publicar artículos sobre economía, no es otro que mostrar una visión desde el respeto a la discrepancia, de manera comprensible y amena, a ser posible proponiendo soluciones.
Este trabajo, como dice el título, tendrá como objetivo explicar el Brexit y sus consecuencias, la primera parte desde una perspectiva fría, sin ninguna afectación ideológica o política. La segunda, en cambio, mostrará las posibles consecuencias políticas y laborales, pero siempre intentando mantener la imparcialidad.

Para explicar el por qué del Brexit, primero tendremos que retroceder en la historia de la UE, cómo y por qué nació. Y también entender que el ciudadano medio británico tiene una visión muy distinta a la del ciudadano medio europeo, sobre cómo se debe gestionar su economía y la política en general. El ciudadano medio británico es más liberal que el europeo, no acepta de buen grado las normativas impuestas por políticos que no ha escogido; y es, sin embargo, mucho más exigente con los suyos, a los que demanda más responsabilidad y gestión, al contrario de lo que sucede en el resto de Europa. En este contexto es comprensible que el ciudadano medio británico se muestre reacio a ceder soberanía a unos extranjeros que se han demostrado poco consecuentes en la gestión y excesivamente centralistas, y que parte de sus impuestos sirva para financiar países donde impera el descontrol y la corrupción.

Historia
Tras la segunda guerra mundial, Francia, Italia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Alemania, firmaron el tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA). Este tratado, firmado en 1951 y promovido principalmente por los franceses, debía servir para regular el precio del carbón y del acero, eliminando además las barreras arancelarias con respecto a estos productos. El principal objetivo de este tratado, al igual de todos los que le siguieron, era evitar los constantes conflictos por la propiedad de los recursos de la Alsacia y de la Lorena, que podían desembocar en más enfrentamientos armados.
En 1957 los mismos países fundaron en Roma la Comunidad Económica Europea, que eliminaba definitivamente todas las barreras arancelarias entre los países miembros, y serviría para crear una política agraria común. Con la nueva CEE en realidad se había formado una gran y poderosa unión económica. La desaparición de las aduanas había convertido, de facto, una amalgama de países que antes se disputaban territorios y mercados, en uno poderoso, solidario e influyente. En 1973 entraron en el tratado el reino Unido, Irlanda y Dinamarca, en 1981 le tocó a Grecia, en 1986 a Portugal y España, y en 1990 y tras la reunificación alemana, la CEE se había convertido en una gran potencia industrial y económica, y en el principal socio comercial de la mayoría de los países del mundo.
En 1992 se firmó el tratado de Mastrich, que hacía realidad el antiguo sueño de muchos ciudadanos europeos, la Unión Europea como una gran nación de naciones. El tratado comprometía a todos los países a regular y unificar la política exterior, la educativa, la sanidad, el medio ambiente y la ciencia; y se formaba un pacto de cooperación policial y judicial. La antigua Comunidad Económica Europea ya no solo era económica sino también política, por lo cual pasó a llamarse Unión Europea.

Antes hemos explicado que en 1973 había entrado el Reino Unido, pero con grandes contratiempos. De hecho los británicos ya habían intentado dinamitar los primeros pasos de la Unión, pero al disminuir ostensiblemente su comercio con la Comonwealt y haber aumentado el intercambio con el resto de Europa, habían quedado en inferioridad de condiciones. Al trabajar con aranceles, las empresas británicas no podían competir de igual a igual con las europeas, que fabricaban productos muy parecidos; mientras que los productos agrícolas europeos, muy necesarios para el Reino Unido, llegaban al consumidor británico a un precio demasiado elevado. Aunque con reticencia, finalmente los británicos pidieron entablar negociaciones para su integración, pero se encontraron con el bloqueo de Francia, que con razón había intuido un interés exclusivamente mercantilista, pasajero y poco sincero. De hecho el mismo presidente francés acusó a los británicos de ser un Caballo de Troya de los norteamericanos. Al año siguiente de su entrada los británicos ya estaban demostrando lo acertado de la posición francesa, al exigir una renegociación más favorable a sus intereses. Con la entrada de Margaret Thatcher como primer ministro, la UE entra en una crisis que dura cinco años, que termina al ceder el resto de socios a las pretensiones británicas. En 1992, el Reino Unido consigue un formato especial para seguir en ella, quedando fuera de muchas normas y obligaciones de la UE, pero manteniendo en parte la capacidad de interferir en las mismas.
En el 2015 la parálisis económica europea se hace patente con las crisis financieras y de corrupción de los países mediterráneos, y el primer ministro Cameron exige, para seguir en la Unión, el control sobre la entrada de inmigrantes comunitarios, pero paralelamente y tras una campaña antieuropea, promete un referéndum en el 2017 en el que inesperadamente vencen los euroescépticos.
Con la perspectiva histórica podríamos insinuar, aunque no asegurar, que el brexit empezó a fraguarse al año siguiente de la entrada del Reino Unido en la CEE, y que el presidente de Gaulle, que había estado vetando su entrada, acertó de lleno cuando dijo que el Reino Unido no podía entrar en una Europa fuerte y unida, que la abandonaría en el momento de no poder sacarle más rendimiento o al verse incapaz de seguir boicoteándola.

Previsibles efectos comerciales del brexit
A nivel económico, en el Reino Unido la afectación será inmediata. De hecho ya se nota una caída de las inversiones por la falta de confianza de sus todavía socios comerciales, de la China y del Japón. El consumo se ha retraído y la inflación ha aumentado debido a la caída de la libra.
Algunas grandes empresas japonesas han advertido que marcharán si finalmente el Reino Unido abandona el mercado único.
Indudablemente volverá a surgir el problema de las importaciones y exportaciones que provocó su entrada en la CEE. Los productos europeos se encarecerán sensiblemente y el Reino Unido buscará esos productos en otros mercados, mientras que los británicos se encarecerán para el resto de los europeos.
Sin duda el brexit perjudicará a las dos economías, pero no por igual, ya que el resto de Europa puede, con relativa facilidad, trasladar muchas de sus empresas al continente o simplemente producir lo que adquiere en el Reino Unido, pero no así en sentido contrario, ya que el Reino Unido es importador de productos europeos muy necesarios para su consumo, que no pueden ser producidos en el país o difícilmente en terceros. No obstante no podemos obviar la capacidad de recuperación de los británicos, cuya economía es, quizá, la menos dependiente de toda la Unión con respecto a sus socios.

En el 2015 el Reino Unido exportó a la UE por valor de 133.365 millones de euros e importó 218.667, por lo cual la balanza comercial es netamente positiva para el resto de la Unión. Además, desde el 2008 las exportaciones a terceros países ha pasado del 45% al 56%, debido posiblemente al crecimiento del mercado asiático y a la parálisis europea. En el mismo período el reino Unido había exportado 171.544 millones de euros fuera de la Unión, es decir 38.179 millones más que en el interior, de los cuales 30.352 corresponden a Alemania, por lo que la afectación comercial no debería ser tan importante y en principio podría ser absorbida con cierta facilidad. También hemos de entender que los aranceles entre el Reino Unido y Europa no podrán superar lo estipulado por la OMC, que ya son bajos de por sí, o en algunos casos casi inexistentes. No obstante y en relación al caso alemán, no podemos obviar la importancia de las inversiones alemanas en el Reino Unido, principalmente en la rama más tecnológica y de la automoción. Un abandono del mercado único podría desencadenar el traslado de las fábricas alemanas a países más afines y de dentro de la Unión.

Lo más lógico es que el Reino Unido aumente su relación comercial con los EEUU y la India, dos gigantes sin tantos lazos comerciales con la vieja Europa como cabría imaginar, además de aprovecharse de los ya existentes con el resto de la Comonwealt.
Con esas cifras y dependiendo de cómo se gestiona el país, podemos intuir que el brexit podría comportar un serio deterioro de la economía británica a corto plazo con respecto al comercio, el financiamiento de su deuda y la solidez de su moneda, además de un aumento de su ya excesivo déficit comercial. A medio plazo y también dependiendo de su gestión, la economía británica podría recuperarse y hasta avanzar a la del resto de Europa. Recordemos que el Reino Unido es uno de los países con mayor grado de competitividad del mundo, que curiosamente ha subido este año en curso, contradiciendo la opinión de todos los expertos. Sin embargo, con una mala gestión es posible que disminuya considerablemente su grado de competitividad, debido principalmente al encarecimiento de los componentes para su industria y de las materias primas llegadas de Europa, y de los países con tratados de libre comercio con la UE.
Uno de los peores lastres que sin duda tendrá que afrontar es su déficit comercial, que en el 2016 llegó a los 204.885,3 millones de euros, el 8,56% de su PIB. Para que nos hagamos una idea, el déficit español durante el mismo período, que tanto preocupa a nuestros economistas, fue de 18.916,9 millones de euros, el 1,69% del PIB.

Con respecto al resto de la Unión, a corto plazo el brexit comportará una importante pérdida económica y comercial, aunque como hemos podido apreciar, no tan grave como en el Reino Unido. A medio plazo la Unión Europea podrá resarcirse de la pérdida incluso con beneficios.
Con la posible pérdida de una parte del mercado británico y ya sin su condicionante político, previsiblemente la Unión buscará nuevos socios comerciales en el este, negociando el final del bloqueo y un acuerdo comercial sin restricciones con Rusia, que cerraría definitivamente el círculo europeo, asegurando una paz definitiva entre todas las naciones del continente.
Pero todo esto dependerá de los gestores que escojamos y, sobre todo, del contexto político internacional.

A todo esto lo más probable es que la UE y el Reino Unido firmen un acuerdo de libre comercio, que dejaría sin efecto cualquier traba comercial descrita anteriormente, por lo cual el brexit solo podría, con respecto al comercio, beneficiar al Reino Unido, que se vería libre para negociar tratados que eliminen los aranceles con la India y los países del Extremo Oriente.

Aportaciones del Reino Unido a Europa
Durante el 2016 Reino Unido aportó 11.342 millones de euros a la UE, mientras que recibió 6.945 millones. Es decir, aportó 4.397 millones netos, que tendrán que ser sufragados por el resto de socios.
Aparentemente esta cantidad no debería preocuparnos, 4.397 millones de euros no es una cantidad significativa para un presupuesto como el de la Unión, sin embargo, cualitativamente afectará bastante al resto de países, principalmente a los receptores. Por ejemplo, sin las aportaciones del reino Unido, España en el 2015 en cambio de recibir 305 millones habría aportado 55. Con ser una cifra importante, esos 4.397 millones no son nada en comparación a los beneficios de la Citty con el resto de la Unión, o, por si solo, el sobrecoste aduanero que representará su abandono.

El gráfico que hemos encontrado al respecto es complejo de entender, no obstante explica perfectamente las cuentas de la UE y lo que representa el famoso cheque británico.

La Europa del conocimiento
Uno de los talones de Aquiles del brexit y del que nadie habla o al menos nosotros no hemos escuchado ni leído, podría ser el parcial desmoronamiento de la industria del conocimiento británica, que depende en gran medida de las inversiones del resto de la Unión.
Desde un principio el Reino Unido se convirtió en el mayor receptor de inversiones europeas a la investigación, no solo por parte del mismo gobierno de la Unión sino de multitud de empresas. Esta industria ha estado absorbiendo buena parte de la excelencia europea. El Reino Unido ha sido el país que más investigadores europeos ha acogido, principalmente jóvenes doctores o becados por la misma Unión, y con ellos muchos otros de terceros países.
Muchas de estas empresas han asegurado que marcharán del país, y como aviso ya han dejado de invertir y algunas están empezando a trasladar parte de sus instalaciones. Incluso España, proverbial por su rechazo a la investigación, ha empezado a beneficiarse de este modelo de empresa.
Si una gran corporación europea de la aeronáutica y de la industria aeroespacial financiada por la UE, que fabrica parte de los motores en el Reino Unido, pierde la confianza, lo más normal es que en la medida que pueda vaya trasladando esta industria al continente, principalmente y en mayor medida o con carácter de urgencia, las empresas que diseñan y crean los motores del futuro. Si una gran corporación de la automoción alemana fabrica unos modelos en el Reino Unido, con sus talleres de investigación y de diseño, que además recibe ayudas por parte de la UE, lo más probable es que primero traslade todo su sistema de diseño, innovación e investigación, y poco a poco deje de invertir en las fábricas.

El brexit financiero
Otro de los talones de Aquiles es la City.
Londres, o lo que llamamos City, es la capital financiera de Europa, el pragmatismo de su legislación, el idioma, su situación dentro de los husos horarios, que abarca desde Tokio a Los Angeles, y la infraestructura o entramado de empresas internacionales y de servicios creado a su alrededor, hacen complicado el traspaso de los negocios financieros a otras ciudades de Europa. Sin embargo, no podemos obviar la vieja aspiración francesa de limitar o eliminar los paraísos fiscales, defendidos a ultranza por el Reino Unido, y también de evitar los movimientos especulativos que alteran el valor de las monedas, implementando un impuesto sobre las transacciones financieras, la misma Tasa Tobin , o la Directiva del Parlamento Europeo para controlar a los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA). Como tampoco la firme voluntad alemana de sustituir a la City. Sin lugar a dudas su alternativa sería potenciar un nuevo centro financiero europeo, seguramente en Frankfurt, desde el mismo Consejo o del Parlamento.
Alemania puede adoptar con relativa facilidad el pragmatismo británico. Con las nuevas tecnologías y la elasticidad horaria los husos horarios ya no son un problema; en cuanto al inglés, actualmente este idioma ha dejado de ser propiedad de los países anglosajones, y es difícil encontrar un lugar en el mundo donde no se negocie a través de él.
En cualquier caso, a partir de ahora el resto de países europeos ya no necesitará la aquiescencia del Reino Unido para aprobar e implementar este tipo de regulaciones.

Nosotros creemos que, tal como existe el IVA como impuesto en las transacciones comerciales, que finalmente termina gravando la plusvalía de cada una de ellas hasta el consumidor final, también debería existir en las transacciones financieras, principalmente las que especulan con las monedas. De este modo se limitarían radicalmente, además de gravar el beneficio obtenido de cada una de esas transacciones.

¿Big data y Open data, ¿qué son y para qué sirven?

El Big Data trata de la captura y posterior almacenamiento de los datos que se generan tan masivamente, que es casi imposible procesarlos y administrarlos a corto plazo.

El Open Data trata de los datos que cualquiera puede acceder, usar y compartir para sea cual sea la actuación o actividad. Para que los datos abiertos acontezcan útiles se tienen que poner a disposición en un formato no restringido y compatible para su computación.

El almacenamiento y proceso de datos ha existido siempre, desde que el ser humano aprendió a contar. El ser humano primitivo contabilizaba sus capturas cinegéticas haciendo muescas en un hueso o la pared de la caverna donde vivía. Más adelante y ya en un estado sedentario, empezó a contar los volúmenes de grano con piedras, conchas o piezas de madera. También a medir las horas solares y las distintas apariciones de la luna, y lo esculpió en piedra junto a las observaciones sobre el paso de los cometas, la conjunción de las estrellas, los eclipses y la subida y bajada de las mareas.

Nuestros ancestros, tras procesar todos los datos almacenados, descubrieron los días del año más propicios para la siembra y las cosechas, cuándo tenían que hacer acopio de víveres y su caducidad. Incluso en muchos casos pudieron predecir el tiempo y sus cambios periódicos. Los campesinos aymara y quechúa aprendieron desde tiempos inmemoriales a predecir la llegada del Niño gracias a su observación de las Pléyades, así descubrieron que cuando ciertos días del año esta constelación se veía difusa, tenían que sembrar un tipo de papa más resistente a la sequía y reservar una parte de la anterior cosecha.

Ahora podemos disponer de mecanismos de almacenamiento muy potentes, máquinas y programas que pueden procesar millones de datos para extraer la información que ocultan. Ya no es la mera observación de fenómenos, los animales que cazamos o la cantidad de grano cosechado sino lo que hacemos día tras día, dejando un rastro de datos que incluso con nuestros actuales sistemas es imposible almacenar y procesar enteramente.

Actualmente los datos pueden estar en formato de texto, de imágenes o incluso en película o sonido. En cualquier caso para que los datos almacenados puedan cumplir una función de utilidad deben ser muchos, variados y verídicos. Y la fase procesal tiene que ser rápida, es decir que los datos han de ser introducidos a tiempo real y el sistema de extracción y análisis muy rápido, para aprovechar al máximo su utilidad. Su eficiencia dependerá de la cantidad de datos almacenados, su variedad y fiabilidad, y, por supuesto, si podemos disponerlos a tiempo.

¿Qué hemos de tener en cuenta antes de utilizar esta ingente cantidad de datos?Primero la protección de los datos personales, anonimizando los que permitan identificar una persona, y segundo tener mucho cuidado con la utilidad que vamos a darles. Para ello hemos de crear una legislación muy estricta, además de un código deontológico que no permita la mínima desviación.También es importante que los datos que no sean personales sean públicos, es decir que estén al servicio de la sociedad y al abasto de cualquier ciudadano. Eso último es lo más importante, porque al convertirlo en extensivo, la pequeña y mediana empresa podrá competir con las grandes corporaciones e incluso con el mismo Estado. El hecho de abrir los datos y facilitar su gestión, hará que nadie pueda jugar con ventaja e impedirá que se conviertan en un arma.

Con el Big Data correctamente procesado, podremos mejorar nuestras relaciones y la calidad de vida, y aumentar nuestra capacidad subjetiva analizando las anomalías que se han ido produciendo a través del tiempo. La medicina avanzará de manera rápida y eficaz, y los enfermos podrán ser tratados con mucha más efectividad y sin apenas riesgo, ya que los médicos dispondrán de cruce de datos en segundos. La creatividad aumentará gracias a disponer de una visión general, trabajando en red y colaborativamente. Podremos ahorrar tiempo y esfuerzo al disponer de una visión general en todos los aspectos que nos rodean.Podremos analizar y encauzar los sentimientos grupales, reduciendo o eliminando los posibles conflictos gracias a su predicción. Controlaremos la natalidad con más inteligencia y respeto, y cuidaremos mucho mejor nuestro entorno natural y cultural.

No debemos engañarnos, el Big data entrará antes en la empresa que en la vida cotidiana o en la administración. Ustedes pensarán que se utilizará antes para beneficio de la empresa que para el bienestar de la sociedad. Sin embargo, muchas veces olvidamos que al buscar el mejor aprovechamiento de los recursos para la empresa o la industria, también lo estamos haciendo para las personas de manera directa e inmediata, porque son esas personas las que tienen que decidir el sistema social por el que han de gobernarse.

El Open Data trata de abrir los datos a cualquier persona, sea empresa o multinacional, de manera libre y con las mismas limitaciones para todos. La empresa puede ser pública o privada, una cooperativa, una empresa familiar, etc.El hecho de ahorrar costes empresariales, tanto para una pequeña o gran empresa, y que todas dispongan la misma capacidad de aprendizaje y de información, democratiza y hace más transparentes el mercado y la industria, y consigue que el consumidor pueda escoger más y mejor, ser más exigente con la calidad del producto y de su procedencia.
El que las empresas puedan mejorar su eficiencia, sin menoscabo de su tamaño, no se reflejará en sus beneficios sino en la competencia. El precio de los productos y el esfuerzo laboral de la sociedad disminuirán. El capital, sea en forma de dinero o de trabajo, se distribuirá de una manera más democrática, facilitando la financiación de proyectos. La eficaz distribución y aprovechamiento de los recursos suavizará el ciclo económico, evitando las crisis periódicas, además de facilitar la conservación del medio ambiente, tanto tecnológica como políticamente. Cadenas de bloques parecidas al BlockChain , producto indiscutible del Big data, no solo revolucionarán y democratizarán los flujos de capitales sino también nuestra manera de relacionarnos como productores y consumidores. Si gestionamos bien el Big data, la vida de las personas se revalorizará. Está en nuestra mano hacerlo.

La administración española mantiene un sistema de datos abiertos, a nuestro parecer muy precario, que facilita a la ciudadanía en general todos los datos que las distintas administraciones publican por su cuenta. Si navegan por él pronto se darán cuenta que solo una minoría de estamentos y gobiernos locales depositan sus datos en él. Descubrirán, por ejemplo, que el ayuntamiento de Málaga ha publicado 640 conjuntos de datos, mientras que el de Barcelona solo 454, y el de l’Hospitalet de Llobregat ninguno.
Por su parte la Generalitat de Catalunya dispone de un centro de datos abiertos, poco utilizado por cierto que si se revisa con detenimiento veremos que es más un portal de transparencia que otra cosa. Los datos se publican masivamente y pueden descargarse en cualquier formato. La navegación y la búsqueda de datos es tan compleja que nos ha sido imposible encontrar los presuntamente publicados por el Ayuntamiento de l’Hospitalet, quizá porque no los haya. Si en el buscador escribimos: Justicia, solo encontraremos un enlace que nos lleva a un listado de entidades jurídicas de Catalunya, que si se utiliza para encontrar una fundación, escuela, etc., determinadas, lo que en Google puede llevarnos 30 segundos, en el portal de la Generalitat necesitaremos una mañana sin garantía de éxito. Para saber cuántos funcionarios trabajan en la Conselleria de Justicia, su especialidad, estadísticas sobre causas judiciales, etc., tendremos que preguntar a Google, con la esperanza que los datos sean fiables.
El ayuntamiento de l’Hospitalet mantiene su propio sistema de datos abiertos, de bonita planta, pero pobre en datos y que nada tiene que ver con lo que necesita la población. Parece más para lucir una transparencia casi inexistente, que buscar el beneficio de su ciudadanía.

El futuro de nuestras pensiones

Circula por redes una nota, sin ningún enlace o noticia que lo atestigüe, que asegura que PP, PSOE y Ciudadanos, han pactado la eliminación de la paga doble de los pensionistas a partir del 2018.
Legalmente eso no es posible, el Estado no puede dejar de pagar algo así, ya que sería lo mismo que dejar de pagar el salario a los funcionarios. Podemos asegurar que el Estado solo puede retirar la doble paga a los pensionistas si la prorratea entre las doce pagas anuales, que no representaría ningún ahorro a sus arcas. El salario que reciben los pensionistas está valorado a partir de una anualidad, que en cambio de dividirse en doce pagas, se hace en catorce.
Para eliminar las dos pagas dobles de los pensionistas, el gobierno debería promulgar un decreto, que dada su gravedad tendría que ser pactado con la mayoría de los grupos parlamentarios, para rebajar el valor de las pensiones.

En cualquier caso y de seguir en la misma tónica, al Estado no le queda otra opción que eliminar las pagas dobles a los pensionistas si quiere mantenerse en el Euro. Con la actual situación de la deuda y su crecimiento, además del constante aumento del valor de las pensiones y el estancamiento de las cotizaciones, el Estado necesita encontrar el modo de reducir el déficit en unos 23.000 millones de euros en los próximos dos años, para cumplir los tratados de la Unión. De no ser así tendría que pagar una multa todavía superior.

La segunda opción sería crear una fuerte inflación, de modo que los precios y la media salarial suban considerablemente más que las pensiones. Pero eso también está regulado por Europa, y la inflación es, con mucho, la peor de las opciones. Bajaría la competitividad de las empresas y del mismo Estado. No obstante, es inevitable que la productividad del ciudadano español suba en los próximos años, y con ella los salarios. Últimamente ya podemos apreciar algunas movilizaciones de los trabajadores para demandar mejoras salariales, y es evidente que esas no se trasladarán a las pensiones.

La tercera hace tiempo que es utilizada por parte del Estado, que trata de aumentar la inflación en los artículos o servicios de más consumo dentro de la clase pensionista. Es decir, que manteniendo la media dentro de los parámetros marcados por la UE, los precios suban más en los productos de obligado consumo para los pensionistas, como es la electricidad, el gas, el agua, la farmacia, etc. Un pensionista no cambiará con la misma facilidad que un adulto en edad productiva, de coche, de teléfono o de ordenador; sin embargo, seguirá consumiendo los mismos kilovatios de electricidad o los mismos metros cúbicos de gas o de agua, como tampoco podrá dejar de comprar medicamentos.

La cuarta es generar más riqueza, sea a través de las nuevas tecnologías y del trabajo garantizado, para aumentar la calidad y la productividad del trabajador, así como el número de cotizantes.

La quinta y más necesaria en cualquier caso, y que jamás podrá contemplarse con un gobierno acostumbrado a tratar a los ciudadanos como súbditos sin criterio, es facilitar la participación ciudadana para conseguir su complicidad y encontrar una solución.

Todas esas opciones se enmarcan dentro del sistema clásico de resolución de los problemas financieros, y como podemos imaginar, excepto la cuarta el resto no deja de tener la voluntad de empobrecer a los pensionistas, sea recortando directamente las pensiones o su poder adquisitivo.
La actual tasa de natalidad española es del 1,33, la quinta más baja del mundo, y con una población menguante, solo superada por Portugal, Corea, Polonia y Chipre. Mientras que su esperanza de vida es de las más elevadas. Eso no sería un problema si España fuera más productiva. Es evidente que la robótica está transformando el antiguo concepto del trabajo. Sin embargo, en España se promueve mucho más la industria de servicios, principalmente la del turismo, que la investigación y la industria de calidad. El primero con un bajo y decreciente valor añadido, mientras que el segundo conseguiría la calidad y productividad que tanto necesitamos.
Para darnos una idea del problema mostramos el gráfico de la pirámide poblacional española en 1962 y en 2016. Si la viéramos año por año podríamos observar su constante cambio. A partir del 2050 se prevé que la actual forma de bulbo desaparezca y se convierta en una pirámide invertida. Es decir, que haya más ancianos que adultos en edad productiva.

Aunque la situación sea mala o parezca desesperada, no tendría por qué preocuparnos tanto. Para corregirla solo se necesita una buena gestión. La descompensación de la natalidad o de la relación entre número de trabajadores y de pensionistas, se podría rectificar con la entrada masiva de las nuevas tecnologías en la industria y un aumento de las bases cotizadoras, sumado al aumento de entrada dineraria, por la plusvalía generada por esas nuevas tecnologías. No obstante, el problema español va mucho más allá, ya que actualmente y pese dicha descompensación, los jóvenes españoles de alta cualificación tienden a emigrar, mientras que España sigue importando mano de obra de escasa cualificación. Eso solo tiene una explicación, las empresas españolas son incapaces de generar suficiente empleo de elevada plusvalía, pero si de la más baja y no la necesaria.
Los datos que disponemos es que, pese el aumento de cotizantes y la pequeña disminución del paro, la descompensación económica tiende a aumentar. Entre el 2015 y el 2016 los ingresos de la Seguridad Social aumentaron en tres mil quinientos millones de euros, sin embargo, los gastos lo hicieron en cuatro mil quinientos, y a eso le hemos de añadir el deterioro de los activos financieros, etc., que han aumentado el desajuste en dos mil millones más. Y esta tendencia va en aumento dado que las cotizaciones de los próximos pensionistas fueron bastante más elevadas, por lo que tendrán que cobrar más (datos extraídos de las cuentas generales de la Seguridad Social).

Para hacernos una idea, en los últimos diez años nuestro país ha perdido el 6% de asalariados y ha aumentado el 12% de pensionistas. A eso le hemos de añadir que el salario medio ha aumentado un 10,6%, mientras que la pensión media un 38,3%.

Para nosotros la solución tiene mucho que ver con la globalización y la imparable y rápida robotización de la mano de obra.
En esta opción no se trata de crear un impuesto a las empresas más robotizadas. Eso equivaldría a penalizar las nuevas tecnologías y el desarrollo del ser humano, desmotivando a las empresas y al mismo Estado, a investigar y a desarrollar nuevos métodos de producción y de gestión. Y tampoco se trata de aumentar las cotizaciones a la seguridad social, basadas como antes hemos explicado en un sistema piramidal infinito e insostenible.
Está claro que el futuro de las pensiones ya no podrá depender de una caja de resistencia y de las cotizaciones de los futuros trabajadores. Este sistema se basó en el supuesto de un crecimiento eterno, es decir de una pirámide ya no solo económica sino también poblacional. Y de lo que también podemos estar seguros es que en el futuro seremos menos, tanto viviendo como trabajando (o sino nos asfixiaremos). La población mundial tendrá que disminuir, de modo que durante unas cuantas generaciones veremos a las sociedades envejecer paulatinamente, las personas trabajarán menos y su poder adquisitivo estará más ajustado para consumir menos.
Para mantener el sistema de pensiones y una sociedad dinámica y trabajadora, creadora de la suficiente riqueza, tendremos que eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social. Las pensiones tendrán que ser sufragadas por entero por el impuesto sobre la Renta.

¿Han de ser los robots quienes las paguen, cuando habrá empresas más o menos productivas según los utilicen o no?
De ningún modo. Se supone que la empresa que implementa la robótica en la gestión o la producción, lo hace para aumentar sus beneficios o su competitividad, por lo cual también tendrá que pagar más impuestos. Además, las empresas no tienen por qué ser más productivas por su robotización, eso dependerá de sus características. Se supone que a mediados de siglo, quizá antes, el “hecho a mano” tendrá un valor añadido, casi artístico.
El hecho de reducir al máximo o eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social, y que aumente el impuesto sobre los beneficios, nos beneficiaría doblemente, primero haría mucho más atractiva la contratación de personas, y la creación de empresas familiares y de cooperativas. Segundo, al gravar las empresas y las personas por sus beneficios, equilibraríamos la balanza de manera justa, convirtiendo en tan o más rentable el «hecho a mano».
El resultado sería una importante disminución del paro, junto a una mayor productividad del trabajador. En este escenario, a la gran empresa y al Estado no les quedaría más solución que utilizar la automatización y la robótica, e invertir en investigación.