El futuro de nuestras pensiones

Circula por redes una nota, sin ningún enlace o noticia que lo atestigüe, que asegura que PP, PSOE y Ciudadanos, han pactado la eliminación de la paga doble de los pensionistas a partir del 2018.
Legalmente eso no es posible, el Estado no puede dejar de pagar algo así, ya que sería lo mismo que dejar de pagar el salario a los funcionarios. Podemos asegurar que el Estado solo puede retirar la doble paga a los pensionistas si la prorratea entre las doce pagas anuales, que no representaría ningún ahorro a sus arcas. El salario que reciben los pensionistas está valorado a partir de una anualidad, que en cambio de dividirse en doce pagas, se hace en catorce.
Para eliminar las dos pagas dobles de los pensionistas, el gobierno debería promulgar un decreto, que dada su gravedad tendría que ser pactado con la mayoría de los grupos parlamentarios, para rebajar el valor de las pensiones.

En cualquier caso y de seguir en la misma tónica, al Estado no le queda otra opción que eliminar las pagas dobles a los pensionistas si quiere mantenerse en el Euro. Con la actual situación de la deuda y su crecimiento, además del constante aumento del valor de las pensiones y el estancamiento de las cotizaciones, el Estado necesita encontrar el modo de reducir el déficit en unos 23.000 millones de euros en los próximos dos años, para cumplir los tratados de la Unión. De no ser así tendría que pagar una multa todavía superior.

La segunda opción sería crear una fuerte inflación, de modo que los precios y la media salarial suban considerablemente más que las pensiones. Pero eso también está regulado por Europa, y la inflación es, con mucho, la peor de las opciones. Bajaría la competitividad de las empresas y del mismo Estado. No obstante, es inevitable que la productividad del ciudadano español suba en los próximos años, y con ella los salarios. Últimamente ya podemos apreciar algunas movilizaciones de los trabajadores para demandar mejoras salariales, y es evidente que esas no se trasladarán a las pensiones.

La tercera hace tiempo que es utilizada por parte del Estado, que trata de aumentar la inflación en los artículos o servicios de más consumo dentro de la clase pensionista. Es decir, que manteniendo la media dentro de los parámetros marcados por la UE, los precios suban más en los productos de obligado consumo para los pensionistas, como es la electricidad, el gas, el agua, la farmacia, etc. Un pensionista no cambiará con la misma facilidad que un adulto en edad productiva, de coche, de teléfono o de ordenador; sin embargo, seguirá consumiendo los mismos kilovatios de electricidad o los mismos metros cúbicos de gas o de agua, como tampoco podrá dejar de comprar medicamentos.

La cuarta es generar más riqueza, sea a través de las nuevas tecnologías y del trabajo garantizado, para aumentar la calidad y la productividad del trabajador, así como el número de cotizantes.

La quinta y más necesaria en cualquier caso, y que jamás podrá contemplarse con un gobierno acostumbrado a tratar a los ciudadanos como súbditos sin criterio, es facilitar la participación ciudadana para conseguir su complicidad y encontrar una solución.

Todas esas opciones se enmarcan dentro del sistema clásico de resolución de los problemas financieros, y como podemos imaginar, excepto la cuarta el resto no deja de tener la voluntad de empobrecer a los pensionistas, sea recortando directamente las pensiones o su poder adquisitivo.
La actual tasa de natalidad española es del 1,33, la quinta más baja del mundo, y con una población menguante, solo superada por Portugal, Corea, Polonia y Chipre. Mientras que su esperanza de vida es de las más elevadas. Eso no sería un problema si España fuera más productiva. Es evidente que la robótica está transformando el antiguo concepto del trabajo. Sin embargo, en España se promueve mucho más la industria de servicios, principalmente la del turismo, que la investigación y la industria de calidad. El primero con un bajo y decreciente valor añadido, mientras que el segundo conseguiría la calidad y productividad que tanto necesitamos.
Para darnos una idea del problema mostramos el gráfico de la pirámide poblacional española en 1962 y en 2016. Si la viéramos año por año podríamos observar su constante cambio. A partir del 2050 se prevé que la actual forma de bulbo desaparezca y se convierta en una pirámide invertida. Es decir, que haya más ancianos que adultos en edad productiva.

Aunque la situación sea mala o parezca desesperada, no tendría por qué preocuparnos tanto. Para corregirla solo se necesita una buena gestión. La descompensación de la natalidad o de la relación entre número de trabajadores y de pensionistas, se podría rectificar con la entrada masiva de las nuevas tecnologías en la industria y un aumento de las bases cotizadoras, sumado al aumento de entrada dineraria, por la plusvalía generada por esas nuevas tecnologías. No obstante, el problema español va mucho más allá, ya que actualmente y pese dicha descompensación, los jóvenes españoles de alta cualificación tienden a emigrar, mientras que España sigue importando mano de obra de escasa cualificación. Eso solo tiene una explicación, las empresas españolas son incapaces de generar suficiente empleo de elevada plusvalía, pero si de la más baja y no la necesaria.
Los datos que disponemos es que, pese el aumento de cotizantes y la pequeña disminución del paro, la descompensación económica tiende a aumentar. Entre el 2015 y el 2016 los ingresos de la Seguridad Social aumentaron en tres mil quinientos millones de euros, sin embargo, los gastos lo hicieron en cuatro mil quinientos, y a eso le hemos de añadir el deterioro de los activos financieros, etc., que han aumentado el desajuste en dos mil millones más. Y esta tendencia va en aumento dado que las cotizaciones de los próximos pensionistas fueron bastante más elevadas, por lo que tendrán que cobrar más (datos extraídos de las cuentas generales de la Seguridad Social).

Para hacernos una idea, en los últimos diez años nuestro país ha perdido el 6% de asalariados y ha aumentado el 12% de pensionistas. A eso le hemos de añadir que el salario medio ha aumentado un 10,6%, mientras que la pensión media un 38,3%.

Para nosotros la solución tiene mucho que ver con la globalización y la imparable y rápida robotización de la mano de obra.
En esta opción no se trata de crear un impuesto a las empresas más robotizadas. Eso equivaldría a penalizar las nuevas tecnologías y el desarrollo del ser humano, desmotivando a las empresas y al mismo Estado, a investigar y a desarrollar nuevos métodos de producción y de gestión. Y tampoco se trata de aumentar las cotizaciones a la seguridad social, basadas como antes hemos explicado en un sistema piramidal infinito e insostenible.
Está claro que el futuro de las pensiones ya no podrá depender de una caja de resistencia y de las cotizaciones de los futuros trabajadores. Este sistema se basó en el supuesto de un crecimiento eterno, es decir de una pirámide ya no solo económica sino también poblacional. Y de lo que también podemos estar seguros es que en el futuro seremos menos, tanto viviendo como trabajando (o sino nos asfixiaremos). La población mundial tendrá que disminuir, de modo que durante unas cuantas generaciones veremos a las sociedades envejecer paulatinamente, las personas trabajarán menos y su poder adquisitivo estará más ajustado para consumir menos.
Para mantener el sistema de pensiones y una sociedad dinámica y trabajadora, creadora de la suficiente riqueza, tendremos que eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social. Las pensiones tendrán que ser sufragadas por entero por el impuesto sobre la Renta.

¿Han de ser los robots quienes las paguen, cuando habrá empresas más o menos productivas según los utilicen o no?
De ningún modo. Se supone que la empresa que implementa la robótica en la gestión o la producción, lo hace para aumentar sus beneficios o su competitividad, por lo cual también tendrá que pagar más impuestos. Además, las empresas no tienen por qué ser más productivas por su robotización, eso dependerá de sus características. Se supone que a mediados de siglo, quizá antes, el “hecho a mano” tendrá un valor añadido, casi artístico.
El hecho de reducir al máximo o eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social, y que aumente el impuesto sobre los beneficios, nos beneficiaría doblemente, primero haría mucho más atractiva la contratación de personas, y la creación de empresas familiares y de cooperativas. Segundo, al gravar las empresas y las personas por sus beneficios, equilibraríamos la balanza de manera justa, convirtiendo en tan o más rentable el «hecho a mano».
El resultado sería una importante disminución del paro, junto a una mayor productividad del trabajador. En este escenario, a la gran empresa y al Estado no les quedaría más solución que utilizar la automatización y la robótica, e invertir en investigación.

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